Las violencias del proceso migratorio: mujeres centroamericanas que migran a Estados Unidos
El Seminario “Territorios, Cuerpos y Violencias: Diferencias Culturales y Democracias en Disputa” contó con la presentación de Cecilia Menjívar, profesora del Departamento de Sociología de University of California, Los Ángeles. En ella, la investigadora abordó casos de mujeres provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala que llegaron a pedir asilo a Estados Unidos y experimentaron distintas violencias de género a través de todo el proceso migratorio.
“Huir de contextos violentos no pone fin a las violencias que viven estas mujeres. Más bien, tanto los estados expulsores, como los estados de tránsito y los estados receptores desempeñan un papel principal en este proceso de violencia hacia las mujeres migrantes”, señaló la profesora Menjivar.
El contexto de salida de estas mujeres está profundamente marcado por una violencia multifacética, agregó la investigadora, donde surgen violencias estructurales, simbólicas y políticas. “El estado es cómplice en ampliar las violencias multifacéticas en la vida de las mujeres migrantes, por medio de: la expansión de la militarización (Honduras); la reemergencia del autoritarismo (El Salvador); el crecimiento de ideologías religiosas conservadoras católicas y protestantes (Nicaragua); el uso de medios y desinformación para desacreditar a las mujeres, disminuir su situación y atacar a los grupos de derechos de las mujeres (Guatemala)”, detalló Cecilia Menjívar.
“En este contexto, el enfoque que predomina es aquel donde la migración es un problema que el estado debe resolver. Sin embargo, ellos son parte de una violencia transnacional, múltiple y compleja. Son responsables de mantener y promover las condiciones de precariedad y violencia para las mujeres”, comentó Carol Chan, profesora de la Escuela de Antropología UDP.
Las lógicas de la violencia: análisis de barras bravas y policías en Buenos Aires
La segunda charla estuvo a cargo de José Garriga, profesor de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) e investigador CONICET. En ella, exploró las lógicas de violencia que se dan al interior de las barras bravas y las policías, y analizó cómo cada universo las legitima.
“La violencia es un concepto socialmente disputado y polisémico, un campo de batalla entre diferentes actores. Bajo estos sentidos, tanto en las barras bravas como en las policías, la violencia surge en forma de prácticas legítimas para ganarse el respeto y prestigio frente a pares”, explicó el investigador.
En el caso de las barras bravas, esta violencia se vincula a la idea del aguante (pelearse) y la masculinidad. En cambio, entre la policía, la violencia se asocia a las ideas de jerarquía y obediencia, y a un concepto de “correctivo” que tiene por objetivo re-encauzar el orden jerárquico. “Las policías entienden que todo civil les debe respeto. El correctivo es una herramienta legítima para establecerlo y encauzar esa relación que se estaba desbordando”, añadió Garriga.
A esto se suma una dimensión de “goce” y “placer” al ejercer la violencia en el trabajo policial, indica el profesor. “La labor policial puede ser en muchas ocasiones muy tediosa y aburrida. Ante este aburrimiento, muchos y muchas policías suelen provocar situaciones violentas para entretenerse y gozar”.
“La idea de legalidad e ilegalidad siempre está en movimiento respecto a una noción de legitimidad. Es crítico cuando intentamos comprender las violencias. Desde la antropología resulta interesante mirar los procesos judiciales que procesan violencia, porque en ellos se expresan las disputas narrativas que señala José”, puntalizó Loreto Quiroz, profesora del Instituto de Ciencias Sociales UOH e investigadora VioDemos.
Mesa redonda: “Estados de excepción: territorios, cuerpos y vidas que insisten”
Al final de la jornada se realizó una mesa que exploró cómo las políticas de seguridad, vigilancia y tutela producen formas persistentes de violencia estatal, pero también modos de vida que insisten, se reinventan y disputan los límites de lo posible.
“En el caso del sistema de protección especializada, he podido evidenciar una distinción de clase con niños y niñas que están en protección, cuyas familias están cruzadas por la pobreza y deben enfrentar la dificultades de manera simultánea, afectando su capacidad de cuidado. Por otra parte, NNA son principalmente sujetos de intervención y no vistos necesariamente como sujetos de derechos. Existe una mirada de estos niños y sus familias como ‘irregulares sociales’, lo que produce una autopercepción y marca sus trayectorias vitales”, indicó Carolina Muñoz, profesora de la Escuela de Trabajo Social UC.
“En contexto de migración, las infancias y juventudes experimentan un tipo de violencia simbólica que, durante la última década, ha entendido al flujo migratorio desde la criminalización y un foco securitista. Porque a pesar que hoy se deben considerar a las y los migrantes como sujetos de derecho, esto no se condice con la realidad. El marco normativo afecta a NNA en contextos de movilidad humana e hijos de padres que están siendo refugiados. En este contexto, se busca expulsar a todo aquel ‘ilegal’ que entró por la ventana. Y eso cultiva un estatus migratorio que se opone a quel grupo de niños ‘legales’, lo que se ancla a su identidad”, agregó Gabriela Hilliger, Directora Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Por su parte, Claudio Alvarado Lincopi señaló que “un elemento fundamental para aproximarnos a la noción de estado de excepción es identificar quién define la necesidad de catalogar a algo como excepcional. Y también, frente a un Estado que ejerce violencias, debemos preguntarnos qué hacemos con él. “El movimiento mapuche se está haciendo cargo. Frente a un estado colonial, centralista, el movimiento mapuche empezó a avizorar en los 90 salidas políticas, imaginar formas por fuera del Estado. Es un horizonte político que está cuestionando el panorama, especialmente en La Araucanía, donde se está reimaginando desde el movimiento mapuche una nueva relación con el Estado”.
Finalmente, desde los mundos carcelarios y la urbe mapuche, Nicolás Acevedo abordó el caso de MAPU-Lautaro, organización nacida en los ‘80 en el Chile cuya característica central fue el uso de la lucha armada para la transformación política, económica, social y cultural del país. El investigador postdoctoral del Departamento de Historia Universidad de Santiago de Chile señaló que estudiar a fondo las experiencias de lucha popular contra la dictadura da paso a una experiencia acumulada que puede orientar en la construcción del proyecto político común.
El Seminario Territorios, Cuerpos y Violencias: Diferencias Culturales y Democracias en Disputa es organizado por el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia y por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIIR y es parte de la serie de Encuentros entre investigación y saberes territoriales Temuco–Santiago–Iquique: Infraestructuras de la Violencia, Diferencias Culturales y Horizontes de Democracia Sustantiva.
