Resumen
En los últimos años, Chile se ha visto comprometido en reflexiones sobre los límites del poder estatal y su relación con los Derechos Fundamentales. El conocido “estallido social” de octubre de 2019 marcó un punto de inflexión en esta materia, evidenciando la dicotomía existente entre el deber del Estado de mantener el orden público y los límites que dividen el uso legítimo de la fuerza, versus el abuso del monopolio coercitivo. Esta problemática no solo ha convocado el interés de la comunidad jurídica nacional, sino que también ha puesto el debate en diversas entidades internacionales y en los ciudadanía, centrándose en la pregunta sobre cómo debe responder un Estado de Derecho frente a sus propias vulneraciones a los derechos humanos, deber que está obligado a proteger y cumplir conforme a la Constitución Política de la República de Chile.
La investigación aborda las actuaciones estatales tanto durante el periodo de crisis y como el de postconflicto, condensando el estudio en dos preguntas centrales: ¿El Estado de Chile actuó conforme el uso legítimo de la fuerza? y ¿el Estado de Chile ha realizado mecanismos de justicia transicional post periodo de conflicto social? En principio, se busca determinar si el uso de la fuerza estatal empleado en el contexto social determinado se encuadra en el uso legítimo y permitido de la fuerza, para posteriormente evaluar los medios de transición hacia un periodo postconflicto ejercidos por el Estado