Resumen
Esta tesina tiene por finalidad analizar la jurisprudencia de los tribunales de juicio oral en lo penal y los criterios adoptados por los juzgados de garantía que han conocido de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos en el contexto del denominado estallido social ocurrido en Chile entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de marzo de 20201.
Habiendo transcurrido cuatro años desde las movilizaciones y protestas a gran escala ocurridas en el país, es oportuno revisar en detalle las sentencias condenatorias que han sido dictadas a la fecha, y que han sancionado a funcionarios que incurrieron en actos de violencia estatal en desmedro de la población civil.
En 2021 el Ministerio Público informó que se habían registrado 8.531 casos de violencia institucional, afectando a 9.630 víctimas2. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha señalado que, del total de 3.216 querellas interpuestas por violencia estatal, tan sólo se han dictado 33 sentencias condenatorias3.
Los delitos comprendidos en tales casos corresponden, en su mayoría, a los previstos en los artículos 150 A, 150 B, 150 C, 150 D y 150 E del Código Penal, es decir, diversos tipos de apremios ilegítimos a torturas, detenciones ilegales, abusos sexuales, lesiones de variada categoría, cuasidelitos de homicidio y homicidio4.