Resumen
En este trabajo se examinará el decreto con fuerza de ley de hurto de energía eléctrica para evidenciar un problema constitucional-penal en el sistema jurídico penal chileno, al permitir sin importar la razón, que un DFL regule materia penal, pasando a llevar parte significativa de la estructura político – jurídica de la sociedad como el principio de legalidad, la democracia de las leyes y las garantías constitucionales que en conjunto son una protección para la sociedad y más importante en este caso para los imputados. Así mismo se demostrará la importancia de que esté regulado este tipo especial de hurto no corporal para la protección de las víctimas. Sin intención de ponderar los derechos de cada parte del conflicto se dará una solución en base a una ley transitoria donde se puedan cumplir las garantías para ambas partes, constitucionalizando el tipo de hurto de energía eléctrica y sin deslegitimizar las garantías constitucionales.