“Necesitamos más inteligencia para desmantelar las redes de protección que tiene el crimen organizado dentro del Estado y no más militares”. Esa fue una de las conclusiones de la politóloga Sandra Ley en la presentación de su libro Votos, Drogas y Violencia del que es coautora con el investigador Guillermo Trejo [1]. Los argumentos que la llevan a sostener eso son muy relevantes hoy, cuando políticos claman por militares en las calles de Rosario (Argentina) o Maipú (Chile).

Sandra Ley es mexicana, doctora en ciencia política por la Universidad de Duke y estudia la violencia narco desde 2008, es decir, desde poco después de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra a esas organizaciones y desplegó tropas en las zonas más conflictivas del país.

Esa guerra no produjo paz ni orden. Por el contrario, en esos años Ley sintió que “se nos caía el país a pedazos, de tantos muertos en tan poco tiempo”, dijo a TerceraDosis. En las siguientes casi dos décadas, cerca de 200.000 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos entre los mismos narcos y entre el Estado y las organizaciones criminales. Los cinco grandes cárteles que había al inicio de la guerra (cártel de Tijuana, Juárez, Sinaloa, del Golfo y la Familia Michoacana) se fragmentaron en 62 grupos; y las pandillas callejeras que trabajaban para esos grupos pasaron de docenas a cientos. Cuarenta mil personas desaparecieron y hoy muere más gente y se trafica más droga que antes del inicio del conflicto.


“Una cosa que resulta increíble es que, 16 años después del inicio de la guerra, hay más muertos y desaparecidos y el país se sigue cayendo a pedazos. Y, sin embargo, sigue funcionando”


Quienes se oponen al uso de tropas acuden a ese terrible resultado. Ley, en cambio, analiza el problema desde otra perspectiva. La tragedia mexicana no comenzó cuando se desplegaron soldados en las calles ni fracasó por falta de fuerza. Su investigación identifica otras causas profundas que ayudan a entender no sólo cómo el crimen organizado ganó la guerra sino también su actual capacidad de fusionarse con el Estado a nivel local.

Estas causas son: la existencia de redes de protección en el Estado y el conflicto entre elites políticas interesadas en ganar elecciones más que en proteger a la población.

Si un país tiene estos problemas estructurales, la fuerza militar puede resultar inútil o agravar el conflicto.



Para entender las implicancias de estas dimensiones hay que partir desde un hecho extraño y preocupante. La violencia criminal estalló en México con la transición a la democracia. Es decir, partió cuando el Partido Revolucionario Institucional (el famoso PRI, que gobernó durante 70 años ininterrumpidos), comenzó a perder el poder a fines de los 90s [2].

Quienes creen que solo habrá paz con gobiernos de mano dura tipo Bukele, leerán lo anterior como una confirmación de su sesgo. Pero esa es una mirada incompleta, pues fue durante la “paz autoritaria” del PRI cuando se consolidaron redes de protección dentro del Estado a través del reclutamiento de altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía secreta, como ha mostrado Luis Astorga en El Siglo de las Drogas: El Narcotráfico, del Porfiriato al Nuevo Milenio.

Esas redes permitieron la formación de grandes organizaciones criminales, pues como dice Ley “no hay crimen organizado sin que el Estado lo proteja. Necesita fiscales y policías que lo ayuden”.

Mientras esa red de protección funcionó, los cárteles se comportaron pacíficamente. Sin embargo, ese equilibrio se rompió con la democracia, cuando llegaron nuevas autoridades que, inicialmente, no estuvieron dispuestas a conceder lo que los cárteles necesitaban.

-Con los nuevos gobernadores la protección se resquebrajó porque vinieron con su propia gente y cambiaron a fiscales y jefes de policía. Entonces los cárteles empezaron a crear ejércitos privados para asegurar sus operaciones. Eso condujo al estallido de la violencia a finales de los 90s- expone Ley.

Esto implica que cuando el gobierno de derecha de Calderón decidió usar al Ejército, México ya estaba en una fase de guerras criminales, con cárteles que a punta de amenaza y recursos habían recreado redes de protección con las nuevas autoridades.

Ley argumenta que recurrir al Ejército “no está mal, en cuanto a que el Estado puede pensar distintas estrategias frente a olas de violencia. Pero en México se usó en un contexto en que las redes de protección nunca se quitaron de raíz. Y cuando tienes una confrontación del Estado con el crimen organizado sin fortalecer el Estado de Derecho, ese conflicto se ve afectado por la construcción de nuevas redes”.

Un segundo factor que limitó el posible efecto positivo del uso de tropas fue el hecho de que la elite política estaba extremadamente polarizada. Y esa confrontación significó que “los operativos militares se realizaron a favor de los aliados del presidente y no para ayudar a las zonas gobernadas por sus opositores”, explica Ley. Los cárteles aprovecharon esa disputa y se instalaron en las zonas desprotegidas donde la violencia se multiplicó.


“Una consecuencia del uso político de la fuerza militar es que el crimen organizado se fortaleció en las regiones donde no había coordinación, porque vio que allí el Ejército no iba a operar con eficacia”


Lamentablemente la elite política no aprendió la lección y hoy, dice la investigadora, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue usando la fuerza militar como instrumento político.

El relato que hace Ley invita a repensar nuestras ideas sobre cómo se produce la paz en un contexto de expansión del narco y también a mirar críticamente a la elite política. Respecto de lo primero, Ley muestra que esos periodos de menos violencia narco que todos deseamos -como el que tuvo México durante el PRI- pueden ocultar acuerdos implícitos o explícitos entre agentes del Estado y grupos criminales. En esos periodos pocos mueren y las autoridades sacan provecho electoral de esa apariencia de calma, mientras que por debajo el negocio prospera. Al contrario, periodos de violencia pueden asociarse con “desajustes en esos acuerdos o con luchas entre distintos grupos, las cuales continúan hasta que se consigue un equilibrio”, como escribieron Alejandra Luneke y Juan Pablo Luna en la introducción de esta serie[3].

Por otra parte, la investigación de Ley invita a mirar con desconfianza a los y las políticas que, cuando se aproximan las elecciones, hablan golpeado sobre el delito como si fuesen la solución del problema. Ley muestra, en cambio, que la política puede ser un poderoso motor de la violencia criminal.


“Las personas que apoyan la mano dura asumen que no les va a tocar una injusticia. Se cree que la mano dura es para los otros”.


Es interesante notar que esta elite política, luego de debilitar al Estado, cuando la violencia se descontrola, se queda en silencio. Así, hoy se observa la paradoja de que en países con mucho menos crimen, como Chile, los políticos ganan elecciones atizando el miedo y abogando por mano dura, mientras que en México nadie toca el tema en las campañas. ¿Por qué?

– Por una parte, es muy difícil hacer propuestas cuando todos tienen cierta medida de culpa, todos tienen algo que esconder. Por otra parte, se vuelve difícil también hacer propuestas sustantivas cuando el crimen organizado cooptó la política y tu vida está de por medio. Entonces estamos en un círculo vicioso donde la política no tiene forma de hacer creíbles sus propuestas.

La responsabilidad de la política en la expansión del crimen organizado es tan profunda que es difícil pensar cómo las instituciones pueden recuperar legitimidad ante la ciudadanía y garantizar paz.

Ley cree que lo que le faltó a México no son soldados sino un proceso de “justicia transicional”, equivalente a los juicios por los derechos humanos que hubo en el cono sur contra las dictaduras militares. Es decir, faltó una instancia en donde el Estado se hiciera responsable de la protección que dio al crimen. Ley piensa que un proceso como ese habría sentado las bases para un nuevo inicio y podría haber desactivado, al menos por un tiempo, las redes de protección que operaban en el Estado.

Pero nadie en el sistema político parece dispuesto a dar ese salto. Ley explica que hoy el poder narco, tras ganar la guerra que le declaró Calderón, avanza hacia una nueva etapa en la que, a punta de asesinatos, influye cada vez más en el control de los gobiernos locales, generando un fenómeno de “gobernanza criminal” y que en muchos aspectos puede verse como una fusión entre el Estado y el crimen organizado.

–Por qué comenzaste a investigar el crimen organizado.

-Si eres mexicana, ese tema siempre está presente en tu vida. Comencé a estudiarlo en 2008, dos años después de que Felipe Calderón declaró la guerra al narco, cuando casi no teníamos datos y no se entendía muy bien qué pasaba. Lo único que se podía hacer era contar muertos. Cada mañana los periódicos publicaban los «ejecutómetros»: el número de cuerpos encontrados durante la noche. Fue así como entré al tema; de sentir que se nos caía el país a pedazos de tantos muertos en tan poco tiempo. Y una cosa que resulta increíble es que hoy, 16 años después del inicio de esa guerra, hay más muertos y más desaparecidos y el país se sigue cayendo a pedazos. Y, sin embargo, sigue funcionando. Siguen adelante las instituciones, se siguen organizando elecciones a pesar de que en las municipales pasadas mataron a un centenar de  candidatos. Lo que empecé a estudiar fue por qué la gente, a pesar de la violencia, sigue organizando protestas; cómo es que salen a la calle cuando los están matando.

-En el libro Votos, Drogas y Violencia describes el asesinato de candidatos como la etapa más reciente del crimen organizado. ¿Cómo se llegó a esto?

-Diría que un primer hito es el estallido de violencia cuando México inició su democracia. Esto tiene que ver con que después de décadas de control de un solo partido en el poder -el PRI- empezaron a ser electos gobernadores de oposición y eso generó que las redes de protección que había construido el crimen organizado se resquebrajan. El crimen organizado necesita la protección del gobierno, de policías y fiscales para subsistir.  A diferencia de la delincuencia común, sin esas redes no le es posible operar a la escala que lo hace. Y cuando llegan nuevas autoridades que ponen nuevos jefes policiales, nuevos ficales, los cárteles comienzan a reaccionar con violencia y a construir ejércitos para proteger sus operaciones.

-Entonces la violencia no estalló con la decisión de Calderón de sacar soldados a la calle en 2006.

-No. Desde principios de 2000 ya había un importante aumento de la violencia. Y para 2006 ya estábamos en una fase de verdaderas guerras criminales, pues los cárteles habían creado sus propios ejércitos para tener protección. Pienso que recurrir al Ejército no está mal en cuanto a que el Estado puede pensar en distintas estrategias frente a olas de violencia. Pero en México se usó en un contexto en que las redes de protección nunca se quitaron de raíz. Creo que nos faltó iniciar la democracia con un proceso de justicia transicional, donde se castigara a los que habían violado derechos humanos, a los que se habían corrompido y aliado con el crimen organizado. Faltó un proceso que dejara claro que había cosas que ya no se podían hacer. Entonces, cuando empezamos la confrontación militar entre el Estado y el crimen organizado, sin fortalecer el Estado de Derecho, sin afianzarlo, las redes de protección se volvieron a crear. En la transición mexicana el crimen organizado siempre pudo recrear sus redes.

-En el libro destacan también el uso político que se dio a las fuerzas militares. ¿Qué efecto tuvo eso?

-Lo que ocurrió es que la guerra al narco se declaró en medio de una profunda polarización política. En 2006 vivimos la elección más reñida de la historia con menos de 1% de diferencia entre el primer lugar, Felipe Calderón, candidato de derecha (del PAN); y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de izquierda. La izquierda cuestionó la legitimidad del triunfo de Calderón; AMLO se declaró presidente legítimo e hizo un gobierno paralelo. Esa confrontación significó que los operativos militares que realizaba el gobierno se hicieran a favor de los gobernadores partidarios del presidente y no para ayudar a los de oposición. Y el crimen organizado se aprovechó de eso. Un buen ejemplo es lo que ocurrió en dos estados colindantes: Michoacán, que era gobernado por la oposición y Jalisco donde mandaban los aliados de Calderón. A pesar de que ambos tenían la misma crisis de seguridad, en Jalisco las operaciones militares eran coordinadas con el poder civil a través de reuniones semanales. En Michoacán, en cambio, no había ninguna coordinación y lo que terminó ocurriendo fue la detención de más de 30 alcaldes a los que se acusó de estar asociados con el crimen organizado y que luego quedaron libres por falta de pruebas. Y no es que los gobernadores y alcaldes de derecha no tuvieran problemas de colusión con el crimen organizado. De hecho, el Ejército denunció eso en el estado de Baja California, pero como era una zona controlada por la derecha lo que se hizo fue desmantelar la parte comprometida con el narco y controlar los efectos mediáticos de la operación. En cambio, en otros estados como Zacatecas y Guerrero, cuando se detectaba ese problema se atacaba a la autoridad política inmediatamente, se decía que jefe del municipio estaba coludido.

“Una consecuencia de este uso político de la fuerza militar es que el crimen organizado se fortaleció en las regiones donde no había coordinación, porque vieron que allí el Ejército no iba a operar con eficacia. Por eso en los estados donde gobernaba la izquierda se observa cuatro veces más violencia que en los estados de la derecha. Esta forma de usar a las fuerzas militares hizo que terminaran siendo cómplices de este fracaso, al proteger a unos ciudadanos y desproteger a otros.”

– ¿En qué etapa está México ahora?

-Lo que vemos hoy es el ataque contra autoridades y también contra candidatos y candidatas locales. Antes, el crimen organizado no se inmiscuía en cómo pensaban los candidatos. No le importaba la política más allá de construir sus redes. En esta nueva etapa, como necesita más recursos, pues la competencia criminal y la confrontación con el Estado es fuerte, busca acceder a los postulantes y sus gabinetes para tener controlar recursos públicos. Entonces, desde hace una década estamos observando la construcción de regímenes de gobernanza criminal, es decir, la aparición de espacios en los que el crimen organizado manda de facto en la sociedad, la política y la economía. Hoy incide en las campañas, impone candidatos y tiene acceso a pedazos de la tesorería pública. Ya no solo tiene la protección de un político, sino que goza de la protección de una sociedad a la que no le queda más que hacer lo que el crimen organizado quiere, sin denunciar, sin alzar la voz.

– ¿La gobernanza criminal la podemos entender como una fusión del narco y el Estado?

-Si, es un Estado que, en parte, es responsable de esta situación por haber participado de redes de protección y luego, al quedar tan debilitado empieza a fusionarse con el crimen organizado. A ese proceso ha ayudado el hecho de que por muchos años la prioridad para enfrentar al crimen fue el uso del Ejército, dejando de lado el fortalecimiento de las instituciones locales. Eso ha hecho que el gobierno local sea muy vulnerable.

COMO SALVAR A LA DEMOCRACIA

–La idea de que el crimen organizado subsiste gracias a pactos con el Estado no es algo que tenga tan claro el ciudadano ni los medios, ni algo que digan los políticos. Al contrario, en época electoral vemos a muchos candidatos ofreciendo más mano dura, sin mencionar ese problema interno del Estado. ¿Por qué pasa eso?

-Creo que esto se debe a que reconocer la existencia de ese problema tiene un enorme costo para el político que está buscando votos. La investigadora Mónica Nalepa lo dice con mucha claridad cuando se pregunta por qué los países que han pasado por esta violencia criminal no tienen procesos de justicia transicional. Explica que la razón es que muchos actores políticos tienen “esqueletos en el closet”. O sea, en algún momento han tenido un acercamiento con el crimen organizado o han formado parte de las redes de protección. Y se vuelve muy difícil entonces levantar la mano y decir, vamos a hablar de las redes. Es mucho más atractivo hablar de políticas de mano dura, prometer más policías, más cámaras, debatir la pena de muerte, etc., porque eso calma a un electorado sediento de orden. Ahora, también hay que reconocer que hay autoridades y candidatos que actúan mal porque tienen una pistola en la cabeza. O sea, hay una coerción profunda que no permite decir “todos quisieron ser parte de esto”. Eso es cierto. Pero también es cierto que la protección del Estado no es sólo resultado de amenazas.

“Eso genera la paradoja de que la seguridad no es un tema electoral en México. O sea, si tienes más de 200.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos, ¿por qué eso no se debate en las campañas? Bueno, por una parte, es muy difícil hacer propuestas de campaña cuando todos tienen cierta medida de culpa, algo que esconder, algo que los va a hacer quedar mal como partido; y, por otra parte, se vuelve difícil hacer propuestas sustantivas cuando el crimen organizado cooptó la política y tu vida está de por medio. Entonces estamos en un círculo vicioso, donde la política no tiene forma de hacer creíbles sus propuestas.”

-En varios países de la región Nayib Bukele se ha transformado en un modelo a imitar tanto por ciudadanos como políticos con ambiciones. ¿Cómo ganan terreno las políticas punitivistas?

-Las apuestas de mano dura se vuelven muy populares en contexto de extrema desesperación. Hace tiempo la Ciencia Política sabe que la forma en que se expresa el descontento y la desesperación es que muchas personas empiezan a pensar que la democracia no sirve y luego empiezan a no votar, a participar menos de las vías institucionales y a optar más por la calle. Esto conduce al respaldo a políticas de mano dura que se expresan en la idea de “hay que darles con todo a estos delincuentes”. Pero esa idea, aunque comprensible, tiene varios supuestos e implicancias discutibles. Primero, si aumentamos el uso de la cárcel ¿cómo nos aseguramos de que los que van presos son realmente delincuentes sobre todo cuando el sistema de Justicia ha sido cooptado por el crimen organizado? Segundo, las personas que apoyan la mano dura asumen que no les va a tocar una injusticia. Se cree que la mano dura es para los otros. Esa fue una forma de ver el problema que prevaleció en México: muchos pensaban que las víctimas de esta guerra, los que desaparecían o eran asesinados “algo habían hecho”. Se decía, “tal vez él no estaba con las amistades correctas, o tal vez ella se metió en el lugar peligroso, pero esa nunca va a ser mi situación”. Esa mirada olvida que esto es un problema colectivo.

“Por último, el punitivismo se alimenta de incentivos electorales. El político percibe que “esto es lo que la gente quiere frente a la desesperación”, sin hacerse cargo de que estas políticas generan violaciones de Derechos Humanos. En México, por ejemplo, no se ha dejado de usar el linchamiento como forma de hacer «justicia». Y los grupos de autodefensa han crecido. Pero todo eso se asume como un problema que no me va a tocar a mí ni a ninguno de mis seres queridos y entonces lo puedo promover porque es electoralmente rentable.”

– ¿Qué es lo que hay que hacer para revertir eso, para salvar a la democracia y que esta ofrezca paz y orden?

-Esa es la pregunta de los 100.000 dólares. Como dije, creo que México debió haber llevado adelante un proceso de justicia transicional como en Chile y en Argentina: procesos que sacudieran las redes de protección, de colusión y que generaban y ocultaban las violaciones de Derechos Humanos. En ese sentido creo que es destacable el caso de Guatemala donde se generó una institucionalidad para hacer una comisión de la verdad y que generaron una movilización masiva de la sociedad civil en torno a ese tema. En México tuvimos la esperanza de que eso podía pasar pues AMLO, en su campaña de 2018, se refería a eso. Pero la idea se desdibujó cuando llegó al poder. Pienso que esa vía, como lo reveló el caso guatemalteco, es interesante. Ahora, claro, no es replicable en todos los contextos, porque Guatemala no tiene el tamaño de México. Pero sí creo que hay una dimensión de estos mecanismos de Justicia Transicional que sería importante rescatar, porque sabemos que sí tienen efectos importantes. Mi coautor, Guillermo Trejo, tiene un trabajo en curso justamente sobre el impacto que tiene la justicia transicional en distintos países y ha encontrado que la creación de comisiones de la verdad y la realización de juicios tiene un impacto muy importante en la reducción de violencia.

VÍCTIMAS Y NO VÍCTIMAS

-Me quedó dando vueltas eso de que mucha gente piensa que la víctima “algo habrá hecho”. ¿Cómo se revierte eso?

-Ese argumento ayuda a que ganen terreno las políticas punitivistas y lamentablemente ha sido parte del discurso de los distintos gobiernos. Para mí fue muy revelador ver conversaciones entre víctimas directas de la violencia y personas que no habían sido víctimas. Luego de esas conversaciones las “no víctimas” tienden a cambiar su perspectiva.

– ¿Qué pasa en esas conversaciones?

-Las víctimas se encuentran entre ellas con mucha frecuencia, por ejemplo, en las fiscalías. Y las conversaciones que tienen las ayudan a empoderarse, a saber, que no están solas. Porque uno de los problemas de la violencia es que hace que la víctima diga “tengo miedo, mejor me quedo en casa”. Y eso no ayuda a la comunidad, porque se necesita que se dé a conocer la verdad. El empoderamiento que da la conversación les permite hacer convocatorias de marchas, a pesar del miedo. Y en esas protestas se encuentran con las “no víctimas” y les transmiten sus historias. Por ejemplo: “mi hija iba saliendo del gimnasio y después ya nadie más la vio”, o “mi hijo estaba jugando fútbol y hubo una balacera”; o “desapareció mi hija y estoy peregrinando entre los forenses”. Son historias que contradicen eso de que “algo habrán hecho” y que muestran cómo es ese proceso de verdad: no se trata solo de la desaparición o la muerte, sino la inoperancia del sistema, de la cantidad de puertas que las familias tienen que golpear para que se investigue y se haga justicia. Esas conversaciones cambian la idea que tienen las “no víctimas”.

– ¿Las víctimas quieren “mano dura”?

-No necesariamente. Las demandas de política pública de las víctimas apuntan a un estado de bienestar más grande. Eso es un hallazgo de un trabajo que hice con Melina Altamirano y Sarah Berens. Las madres de familia que pierden al principal proveedor, en un esquema tradicional de familia, se quedan tratando de encontrar oportunidades para sus hijos y tratando de que se haga justicia en un sistema que las hace gastar mucho dinero en “mordidas” (coimas) a policías, a fiscales, a abogados para que hagan su trabajo. Esa es una experiencia general de las víctimas en América Latina y un Estado reducido y concentrado en la mano dura, no puede ayudarlas. Entonces cuando comparas lo que dicen las víctimas y las no víctimas, las primeras demandan una política social más amplia: más salud, más ayudas; mientras que las “no víctimas”, quieren un Estado pequeño, pero con más policías y que castigue con sentencias más largas.

SER POLICÍA ES UN HONOR

-Respecto de las policías, la mirada punitivista pone el acento en la cantidad de funcionarios. Pero no en la calidad. ¿Qué piensas sobre eso?

-Con Shannan Mattiace y Guillermo Trejo publicamos un trabajo en el que investigamos por qué algunas comunidades indígenas del estado de Guerrero pudieron ser relativamente exitosas en la contención del crimen organizado. Y uno de los elementos que apareció fue que hacen una selección muy cuidadosa de sus policías. Ser policía es un honor y a la vez implica estar sometido a un sistema de rendición de cuentas estricto. El reto que tenemos en gran parte de los municipios mexicanos es que ser policía es un estigma. Por una parte, están muy mal pagados, tienen pésimas condiciones laborales y por otra, muchas personas creen que están coludidos con el crimen organizado. Cuando el foco se pone sólo en tener más policías, esos problemas se olvidan. Pero no da igual de dónde los saquemos o qué tipo de policías tengamos. El reto es ampliar nuestras policías pensando de manera profunda cómo fortalecerlas, cómo hacer una carrera que de orgullo. Otro aspecto que se observa en el sistema de autoridades indígenas en Guerrero es que el foco no solo está en las policías sino también en la cuidadosa selección de los jueces y en la creación de sistemas penales que permitan a las personas reinsertarse en la sociedad. Por supuesto, estamos muy conscientes de que lo que pasa en esos municipios indígenas de Guerrero no es completamente escalable al resto del país, porque se trata de municipios indígenas, pequeños donde la gente se conoce. Pero creo que lo que sí se puede aplicar en un nivel nacional es llevar adelante procesos de selección mejores y que impliquen rendición de cuentas.

-AMLO dijo que iba a acabar la guerra contra el narco. ¿Cómo ha sido su gestión en este tema?

-Lo que estamos viendo hoy es una extensión de lo que ya vivimos: el uso de las fuerzas del orden como parte de la polarización política.  Andrés Manuel, después haber sido parte de esa profunda polarización al declararse presidente legítimo, ha decidió gobernar descalificando por completo a la oposición. Me parece que eso muestra que la polarización ha permeado la política de seguridad. Por otra parte, a pesar de que en el discurso dijo que se iba a acabar la guerra, en realidad su política criminal sigue teniendo como eje el uso del Ejército y la Guardia Nacional, y no el fortalecimiento de lo local. Hoy el Ejército tiene un papel más protagónico que el que ha tenido en los últimos 12 años; participa en muchas más áreas del Gobierno y eso tiene consecuencias, por ejemplo, no se ha podido pensar en procesos de rendición de cuentas dentro del Ejército. Y la violencia no ha disminuido: 2021 fue uno de los años más violentos en términos de ataques a autoridades y a candidatos. Lamentablemente este años estamos viendo eso de nuevo.

Lee la entrevista en TerceraDosis.