Los 64 niños haitianos que figuraban como no habidos ya fueron ubicados: 63 en Chile y una adolescente en México. Es una buena noticia, pero no cierra el problema. Ubicar a un niño no equivale a protegerlo, y el alivio colectivo no debería hacernos perder de vista lo que este caso revela sobre el Estado y su relación con la infancia migrante. La conversación ha estado dominada por cómo entraron estos niños, las fallas del control fronterizo y las responsabilidades de la administración anterior. Todo ello es legítimo. Pero el riesgo es que el discurso sobre seguridad de fronteras eclipse el único debate que hoy debería ser urgente: el de la protección de la infancia.
Cuando la pregunta central pasa a ser ¿cómo lograron entrar?, los niños dejan de ser sujetos de derechos y pasan a ser evidencia de una falla en el sistema de control. La urgencia cambia de foco: lo que importa es determinar quién falló en impedir su ingreso. Los niños no pueden convertirse en daños colaterales de las prioridades del control migratorio.
Detrás de cada uno de esos números hay una historia, una familia, un niño o una niña que salió de uno de los países más devastados del mundo buscando algo mejor. No son una cifra, sino personas concretas en situación de extrema vulnerabilidad. Cinco de los 64 ubicados aún no tienen registro en el sistema educativo. La fiscalía investiga si los adultos que los acompañaron cumplieron los requisitos migratorios. Y quedan cientos más que ingresaron en vuelos chárter entre 2022 y 2025 cuya situación no ha sido revisada. La primera etapa terminó, pero la más difícil recién comienza.
Chile tiene el marco legal para actuar. La Ley 21.430 establece la obligación del Estado de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Ley de Migración y Extranjería refuerza ese mandato con independencia de la nacionalidad o situación migratoria del menor. La pregunta no es si existe el mandato legal, sino si estamos dispuestos a situarlo en el centro de la respuesta estatal, con presupuesto, protocolos y coordinación real entre instituciones.
Este caso revela algo más profundo que una falla operativa: la ausencia de una política de infancia que funcione en modo preventivo y no solo reactivo. El Estado no debería enterarse de que hay niños vulnerables en su territorio cuando alguien pierde su rastro. Debería saberlo desde que ingresan, se instalan, e intentan acceder a un colegio o a un centro de salud.
La trazabilidad no es un fin burocrático; es la condición mínima para que los derechos de la infancia sean algo más que una declaración de principios. Mientras el debate siga concentrado en las fronteras, seguiremos llegando tarde. Y en materia de infancia, llegar tarde tiene costos que ningún informe puede medir.
Por: Catalina Droppelmann
Publicado el 25 de junio 2026