Tercera Dosis / 10 de marzo 2022 / Columna de Diego Sazo, estudiante de Doctorado en Ciencia Política de la London School of Economics (Reino Unido) apoyado por VioDemos.

Para llegar a La Moneda por segunda vez, Sebastián Piñera y su coalición no
vacilaron en recurrir a la estrategia del miedo. Siguiendo un libreto utilizado por las
derechas del mundo, plantearon en campaña que la continuidad de la Nueva Mayoría sería
sinónimo de estancamiento económico y descontrol de la delincuencia. Proyectaron incluso
el riesgo que corrían los chilenos con la izquierda en el poder: Chilezuela. Como
alternativa, Piñera prometió un gobierno esperanzador que reactivaría la economía y
pondría orden en la casa.

Una vez electo, la estrategia de Piñera en materia de seguridad pública consistió en
aplicar mano dura contra los delitos comunes, el crimen organizado y la inmigración ilegal.
Esto vino acompañado de una fuerte pirotecnia mediática. Fue así como, a pocas semanas
de asumir, el presidente lideró un patrullaje nocturno en una población de Renca. Luego
vendrían los anuncios televisados sobre un comando jungla para la Araucanía y las
expulsiones de inmigrantes vestidos con overol blanco, entre otros eventos. Para Piñera y
sus aliados, combatir la inseguridad significaba reprimir más fuerte y comunicar con mayor
sentido del espectáculo.

Sin embargo, esta estrategia fue un fracaso. Tras cuatro años de mandato, Piñera
deja un Chile más violento e inseguro. Esto se confirma no solo con el aumento en la tasa
de homicidios y delitos de alta connotación, sino también con el avance explosivo del
narcotráfico. Lo mismo ocurre con la triplicación de los ingresos clandestinos en el norte, el
vandalismo habitual en el centro y la violencia creciente en el sur del país. Más aún: el
deterioro en la relación entre la policía y la ciudadanía vive uno de sus momentos más
críticos. Aunque estos problemas responden a múltiples factores y algunos se arrastran por
décadas, la correlación entre el enfoque punitivo del gobierno y el recrudecimiento de las
cifras es evidente.

Esta fallida gestión de Piñera en seguridad ofrece tres lecciones. La primera es que
simplificar problemas complejos contribuye a la profundización del descontento social. Al
sugerir que las amenazas a la seguridad se solucionaban con mayor represión, Piñera aplicó
una fórmula previsiblemente destinada al fracaso. A la larga, esto acentuó la desconfianza
hacia su figura y al conjunto del sistema político al exponerlos como especuladores frente a
una prioridad ciudadana. La segunda lección es que recurrir excesivamente a acciones
punitivas favorece el escalamiento de la violencia. Sin selectividad, proporcionalidad y
eficacia, la represión del Estado acentúa la percepción de injusticia entre algunos
individuos y los incentiva a radicalizar sus métodos de resistencia. Tercera: solucionar los
problemas de inseguridad requiere de medidas sostenibles en el largo plazo. Tal como
demuestra la evidencia, perseguir financieramente a los carteles criminales, contener a los
grupos de insurgencia armada, y reconstruir las relaciones entre la policía y las
comunidades locales, son procesos paulatinos ajenos al cortoplacismo del rating y de las
campañas digitales.

En el balance final, el juicio al gobierno de Piñera es negativo. Esto no solo por
haber empeorado las condiciones de inseguridad en el país, sino también por tropezar
nuevamente con la piedra de las altas expectativas frente a desafíos complejos.