La fiebre por encarcelar y una respuesta desde la moral popularLa fiebre por encarcelar que azota Latinoamérica la ha llevado a ser la nueva zona de encierro masivo del planeta (Darke y Garces 2017). Chile no se ha quedado al margen de ese proceso. Nuestra tasa de encarcelamiento está por sobre el promedio mundial, en el lugar 31 de 223 países según el Institute for Crime & Justice Policy Research (2023). Desde el 2021 esta tasa ha experimentado un sostenido aumento (ver Fig. 1) el cual converge con una crisis de seguridad muy mediática (Fernández 2023) y una atmósfera política susceptible al populismo punitivo.

La idea que alimenta este populismo es que la sociedad está en peligro y la única forma de protegerla es mediante mayor represión y dureza en la ejecución de penas de cárcel. Esta demagogia punitiva apela a sentimientos como el miedo y la inseguridad de la población, los que a menudo son exacerbados por los medios de comunicación y por políticos con fines electorales (ver entrevista a Michelle Bonner por Luneke y Guzmán 2023). Sin embrago, no hay evidencia de que más cárcel reduzca la delincuencia (Cavada 2018; Domínguez 2018; Stemen 2017). Al contrario, diversas investigaciones muestran que las políticas de encarcelamiento empeoran los escenarios delictivos (ver entrevistas a Benjamin Lessing y a José Miguel Cruz por Luna y Guzmán 2024). Estos frustrantes resultados tienden a generar una nueva ola de miedo que conduce a la promesa de que más cárcel nos traerá seguridad.

Esta pasión por castigar con cárcel (Fassin 2017) cae sobre infractores de ley que, en Chile y en muchas otras partes del mundo, son mayoritariamente jóvenes y adultos jóvenes provenientes de sectores urbanos empobrecidos (Gendarmería de Chile 2023: 211).


Figura 1

Fuente: Elaboración de Pablo Contreras en base a Compendios Estadísticos de Gendarmería. El dato de 2023* presenta los datos de enero y 2023** los correspondientes a octubre del mismo año. La Tasa de Encarcelamiento se calcula multiplicando la población en el régimen de control cerrado por 100.000 y dividido en la población nacional estimada por el INE para cada año.

 


Una serie de reformas penales recientemente aprobadas que endurecen las penas para ciertos delitos, como el robo con violencia (Ley 21.419, de 2022) y el microtráfico de drogas (Ley 21.420, de 2022) reflejan el particular momento punitivo que experimenta nuestra sociedad.

Las reformas penales orientadas a extender las detenciones y a endurecer las penas no solo no funcionan, sino que comportan riesgos no desdeñables para la sociedad. Por ejemplo, pueden criminalizar selectivamente sectores de la población, como grupos étnicos, habitantes de barrios de bajos ingresos y migrantes en situación de precariedad, recrudeciendo con ello las desigualdades. Además, la sobrepoblación carcelaria a la que empuja el populismo penal está forzando al sistema penitenciario a la vulneración de los derechos humanos, al reducir las vidas de las personas detenidas a condiciones de hacinamiento infrahumano y a una violencia permanente al interior de los penales.


“La política de encarcelamiento masivo no sólo afecta a las personas detenidas. Perjudica a barrios enteros hundiendo a sus habitantes en el estigma territorial y generando desconfianza en los organismos de seguridad del Estado”


Sería un error, sin embargo, creer que la política de encarcelamiento masivo sólo afecta a las personas detenidas. En realidad, perjudica a barrios enteros, emplazados en zonas de bajos ingresos, hundiendo a sus habitantes en el estigma territorial y en la desconfianza por parte de los organismos de seguridad del Estado. En recientes estudios realizados en la intersección entre la antropología y la geografía ha emergido una noción para dar cuenta de este proceso: carceralidad. Se refiere al impacto de la cárcel en los barrios socialmente marginados que es una de las externalidades de los sistemas penitenciarios. Ese impacto se agudiza en ciudades desiguales y fragmentadas como Santiago (Alves 2018; Han 2017; Jefferson, Turner y Jensen 2020). Bajo el paraguas conceptual de carceralidad se estudia hoy un enorme campo de la vida social afectado por las ramificaciones de la cárcel más allá de sus muros. Incluye desde el estudio de las lógicas de los espacios carcelarios (Moran 2015), de los circuitos que conectan entre sí tales espacios (Gill et al. 2018) y sus movilidades (Turner y Peters, 2017), hasta la carceralidad en las relaciones de género (Richie, 2021) y domesticidades (Aedo, 2023).

Los hallazgos en este campo refuerzan la idea de que el encarcelamiento masivo promovido por el populismo punitivo no es el remedio a la crisis de seguridad y menos aún para las formas de violencia que capturan la democracia.

En medio de esta fiebre por encarcelar me gustaría destacar una respuesta rebelde y solidaria al punitivismo: el albergue anti-carcelario 81 razones. Se trata de una organización nacida tras el siniestro más mortífero del que se tenga memoria en las cárceles chilenas, el incendio del Centro de Detención Preventiva San Miguel (ver recuadro).

La mera existencia de este albergue es excepcional. No se trata de un lugar gestionado por una fundación que participe de licitaciones de fondos públicos o de donaciones de grandes empresas por beneficios tributarios. Este es un espacio creado y mantenido «desde abajo» con muy pocos recursos económicos, pero con ingenio y tenacidad por familiares de presos y vecinos de un barrio en la Pintana[1]. Su presencia en la comuna con el índice de mayor vulnerabilidad social de la región metropolitana es una respuesta moral y también política a la deriva del populismo punitivo que penaliza la pobreza[2]. Se trata de una respuesta moral, porque ante la desconfianza que aviva los discursos punitivistas, responde con el compañerismo que dignifica y la solidaridad barrial que reconecta. Es una respuesta política, porque la creación de este albergue sacó a los pobladores de la pasividad de la espera por ayudas sociales como herramienta de control del Estado (Auyero 2013). Es también una respuesta política porque reactivó la capacidad de actuar colectivamente, reivindicar derechos sociales y, sobre todo, llevar a cabo acciones directas que, al impactar la vida de vecinos, despertaron una práctica ciudadana no partidista.

El barrio en el que está el albergue tiene una larga relación con la cárcel. Residen allí varias familias que perdieron a alguien querido en el incendio de San Miguel. Aunque hasta la fecha no existen cifras oficiales publicadas que permitan conocer el número de personas encarceladas por comuna de origen, muchos adultos de este barrio han pasado por ella.

El compromiso de los impulsores del albergue 81 razones nace de una forma de moral popular contra la marginación y el sistema carcelario. De ahí, la manera en que Cesar Pizarro –encargado del albergue y hermano de uno de los 81 reclusos muertos– suele parafrasear la canción de Víctor Jara como declaración de principios “hermanos nos hicimos todos, hermanos en la desgracia”.


“Ver que un ser querido es desechable es un dolor moral que no se traga en soledad, ni lleva a desentenderse del mundo exterior”


Familias, parejas y vecinos de los internos calcinados crearon este lugar el año 2020 para tender una mano a personas en necesidad de un techo y una cama limpia. Para ello recuperaron un sitio abandonado utilizado como un micro vertedero informal y habilitaron un container dejado en desuso por la municipalidad que era ocupado como lugar de consumo. Este albergue ha permitido hacer de un sitio eriazo inseguro, un espacio limpio y resguardado donde se crea una forma no tradicional de hogar. Acuden aquí adultos mayores sin hogar, exreclusos a los que la cárcel desarraigó de sus familias, jóvenes adictos que quieren retomar sus vidas sin consumo, pero carecen de lo más mínimo y discapacitados pobres abandonados. Este es un hogar compuesto de “sobrantes” del sistema que las familias ya no desean o no pueden solventar y que las instituciones desechan. Allí sus residentes practican, muchos por primera vez, una forma de comunalidad que se esfuerza por ser no jerárquica ni punitiva.


Exterior del Albergue Solidario 81 Razones. Foto de Valentina Miranda

 

La necesidad que le dio origen a este lugar, su creación a través de la colaboración de vecinos y familiares de presos, y las relaciones horizontales que le permiten subsistir, merecen ser tomadas en cuenta. Esto no sólo porque su existencia nos habla del abandono social desde quienes lo sufren, sino también porque nos enseña formas de cuidado y recuperación ética de personas en los márgenes de las instituciones del Estado, a leguas del marketing de la responsabilidad social empresarial y lejos del proselitismo religioso.

Interior del Albergue Solidario 81 Razones. Foto de Maximiliano Villarroel

 

Ya mucho se ha abusado del recurso al petitorio de “los sin parte” (Rancière, 1996) –pobladores, presos, estudiantes endeudados, jubilados, enfermos de la salud pública, migrantes. Cuando la pobreza y la marginación se siente como un castigo redoblado por el pánico moral al flaite urbano y al indio terrorista, poco queda esperar de patrones y autoridades. ¿Entonces qué? La respuesta de Cesar es inmediata: “todos tenemos que hacer algo. Cuando me dicen ‘es que la muni no hizo nada’, ‘es que el gobierno no hace nada’. Yo le digo ‘bueno, ¡¿y vo que hací weón?!’”. En la ligereza –sólo aparente– de las palabras de Cesar habita una voluntad por autonomía intelectual y también, me aventuraría en reconocer, una forma de inteligencia social.

En un artículo que publicamos recientemente (Aedo et al 2024), argumentamos que la fuerza de los estallidos sociales –como el chileno– proviene de la participación de individuos sin antecedentes de acción política partidista y que se involucran activamente frente a situaciones de injusticia social que los interpelan. A eso lo hemos llamado subjetivación política. Cuando un número significativo de personas y actores sociales se activa políticamente, los eventos sociales se transforman en críticos. En ese sentido, la “masacre de la cárcel de San Miguel”, como sus víctimas la llaman, no fue crítico por la pasajera compasión que suscitó en los medios (cuya cobertura transgredió fronteras éticas al hacer un espectáculo con la intimidad de las víctimas (Yez, 2013)). Tampoco lo fue sólo por el dolor que dejó en las familias. Fue crítico porque activó políticamente a una comunidad afectada por la sombra de la cárcel. “Esto a cualquiera de nosotros podría habernos pasado,” dice Osvaldo Santivañez, padre de dos jóvenes reclusos. El uso del “nosotros” es revelador. Reafirma, sin necesidad de declararlo, un conocimiento vivido de la condición carcelaria. La cárcel se incrusta en la vida de las personas que confina, en sus familias, a las que oprime y en sus entornos barriales que margina y estigmatiza. La condición carcelaria, en tanto condición humana, no es algo que se acabe con el fin de una condena privativa de libertad. Esa es la profunda verdad que testimonia Osvaldo y de la que el Albergue solidario 81 razones nace y combate a la vez.

Ahondando en lo anterior podemos decir que un acontecimiento resulta crítico cuando va aparejado de desplazamientos respecto a los lugares que los sujetos y las colectividades ocupan en el mundo. Esto no tiene nada de metafísica, porque es propio de las experiencias concretas que acontecen a las personas y las remueven, sacándolas de lugar. La muerte de 81 internos llevó especialmente a sus familiares –aunque no solo a ellos– a mirar críticamente la normalización de sus condiciones de marginación, sacándolos del espacio doméstico para unirse y formar una agrupación en defensa de los derechos humanos de las personas detenidas y capaz de desplegar acciones de una ciudadanía más allá del Estado.

Estar de esta forma fuera-de-lugar, no es caer en una posición de marginación, porque el lugar de la marginalidad es la mayor parte del tiempo naturalizado y habitado como algo “que toca vivir.” En cambio, cuando se está fuera-de-lugar, se vive en inadecuación respecto a lo que puede reconocerse como un disfuncionamiento, se siente como una contradicción, o llega a percibirse como una injusticia social.

No se puede estar fuera-de-lugar a pura imaginación, por una mera idea curiosa o extravagante. Siempre se está fuera-de-lugar con nuestro cuerpo, con el modo de llevarlo, con la forma de hablar, con nuestro color de piel, género, rasgos. Este no es un espacio de “voluntad soberana”, más bien es un lugar al cual uno es empujado por un acontecimiento. Cuando algo así ocurre bajo un telón de fondo de violencia estructural y en coyunturas marcadas por dramas sociales, procesos inéditos de subjetivación tienen oportunidad de aparecer. El albergue 81 razones ilustra concretamente cómo el trágico acontecimiento que le da origen se vuelve crítico al abrir un “campo de acción e injerencia” a las familias y vecindarios carceralizados “tenidos al margen de la construcción de la historia nacional” (Aedo et al 2024: 186).

Sugería una forma de inteligencia social en la comunidad que crean Cesar y de las familias. Esta inteligencia se asienta en la capacidad de hacer del dolor una forma de lucha. ¿Qué los sacó del ensimismamiento del dolor sufrido? Creo que parte de la respuesta está en algo que las familias siempre supieron, pero que la tragedia hizo insoportable: las vidas prescindibles de sus hijos. Ver que un ser querido es desechable es un dolor moral que no se traga en soledad, ni lleva a desentenderse del mundo exterior. En esta región del dolor, donde la aflicción moral tiene claras causas sociales, las familias encontraron “81 razones para luchar”, como gustan afirmar.

Nada más punzante que la experiencia de ver que la vida de un ser querido es desestimada. El valor inconmensurable de la vida humana—la respuesta del idealismo moral—es todo el tiempo refutado por la gestión de los “indeseables[3]” que las cárceles se encargan de implementar. Al distinguir a un grupo como mucho más castigable con cárcel que el resto de la sociedad, el sistema penitenciario propaga el sentimiento de injusticia social y la violencia de la marginación a sus familias y vecindarios. Luchar contra el encierro, que se extiende más allá de los muros de las cárceles, es una tarea que se ha vuelto muy difícil en tiempos de populismo punitivo. Mantener el status-quo de este régimen carcelario conviene a la pasión imperante por castigar con más cárceles y por más tiempo. En ese sentido este albergue anti-carcelario es una forma de rebelión. Una que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que, en memoria de sus hijos, reivindica acciones cívicas más allá de los recintos penitenciarios. Esta experiencia se corresponde con la clase de fenómeno que el filósofo Brian Massumi (1993) describió con el neologismo de milagrización (miraculization) y que la antropóloga Elizabeth Povinelli (2011) retomó para entender las formas de vida que perseveran en condicionesapremiantes como momentos donde “milagros” sociales pueden tener lugar. Tomar en serio estas experiencias sin desatenderlas, es un primer paso ético y ciudadano, que podría abrir la posibilidad de aprehender de ellas para acompañarlas en su fuerza productiva y socialmente reparadora[4].


Recuadro

Incendio en la Cárcel de San Miguel

La noche del 8 de diciembre de 2010, un incendio de proporciones devastadoras azotó la Cárcel de San Miguel en Santiago de Chile. El siniestro, que se originó en una disputa entre bandas rivales, se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables y la falta de medidas de seguridad adecuadas. Como resultado, 81 reclusos perdieron la vida, convirtiéndolo en una de las tragedias carcelarias más atroces en la historia de Chile.

El incendio se originó en el cuarto piso de la torre 5, donde un grupo de internos utilizó un lanzallamas artesanal para incendiar un colchón. La tragedia se vio agravada por una serie de factores, incluyendo:

  • Escasez de personal: Al momento del incendio, solo 11 gendarmes custodiaban a una población de 1.956 internos, una cifra claramente insuficiente para controlar una emergencia de tal magnitud.
  • Sobrepoblación: La cárcel tenía 197% de sobrepoblación y las dos piezas directamente afectadas por el incendio estaban habitadas por 146 personas, esto es un 300% de hacinamiento.
  • Falta de equipamiento: La cárcel carecía de extintores en buen estado y los sistemas contra incendios no funcionaban correctamente
  • Retraso en la respuesta: Los primeros minutos fueron cruciales para contener el fuego, pero la respuesta de Gendarmería fue lenta y descoordinada
  • Negligencias: Investigaciones posteriores revelaron una serie de negligencias por parte de Gendarmería, incluyendo la falta de mantención de los equipos de seguridad y la deficiente planificación de medidas de emergencia.

El incendio evidenció las graves falencias del sistema carcelario chileno, caracterizado por el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones y la falta de recursos humanos y materiales.

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