La Voz de los que Sobran / 13 de diciembre 2021 / Columna de Salvador Millaleo, investigador VioDemos, abogado mapuche y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto a Ericka Ñanco, diputada electa por el Distrito 23, sobre la situación que vive La Araucanía a dos meses del Estado de Excepción.
Quienes buscan el estado de excepción quisieran acabar con la Convención Constitucional o al menos evitar sus resultados, retrotrayendo al país a una situación previa al estallido, o incluso más atrás, cuando proponen desahuciar el Convenio 169 o eliminar instituciones estatales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la CONADI.
Una vez más el Congreso ha aprobado la prolongación del estado de excepción en Arauco y la Araucanía.
La pregunta es por qué se ha repetido este respaldo a ese tipo de políticas, considerando lo que significan para enfrentar los problemas del Wallmapu.
En efecto, a la luz de los resultados de la primera vuelta presidencial, muchos tienen mayor claridad que antes sobre el significado de este prolongado estado de excepción.
Este constituyó un espaldarazo a las políticas del gobierno, apoyando el abandono de cualquier forma de diálogo por un refuerzo de la fuerza policial con las fuerzas armadas para controlar la violencia. Esto sucedió, a pesar de que se hizo evidente en la muerte del joven mapuche Yordan Llempi en Tirúa, que los resultados letales de la violencia institucional se producirán de manera indefectible a partir de la militarización.
Con esos resultados se siembra la rabia e indignación de jóvenes en los territorios en que se padece más la intervención policial y militar desproporcionada del Estado, y que son testigos y víctimas desde su infancia y adolescencia de ésta, haciéndoles perder toda confianza en la capacidad de las instituciones de abordar las causas profundas de los conflictos.
También es claro que esta medida no ha logrado detener los atentados que se siguen reportando en el sur, ni ha hecho retroceder a grupos radicalizados que reivindican la estrategia de la violencia política. Pese a fantasmagóricos porcentajes de una supuesta reducción porcentual de hechos de violencia, atestiguamos que se siguen produciendo y que los grupos radicalizados ven confirmada su visión de que son los grandes protagonistas del mundo mapuche frente a la agresión armada del Estado hacia los territorios de las comunidades en conflicto.
Esta medida no ha quebrado la tendencia sostenida de los últimos diez años de incremento de los hechos y las víctimas de las violencias en Wallmapu.
Entonces, el efecto político principal de la instalación del estado de excepción en Wallmapu es consolidar el rol del Estado como parte en un conflicto de intercambio de violencias en escalada y que renuncia a su posición de tercero que busca resolver los conflictos en la sociedad. La principal consecuencia, la verdaderamente ambicionada, es la mantención inmodificada del marco institucional de manera que no se aborden las transformaciones que apunten a la solución de las causas de los conflictos en el sur, para que no se realice la redistribución de poder que implicaría abordar dichas causas.
La principal motivación de imponer el estado de excepción es asentar el uso de la fuerza física estatal como la única forma de tratar los conflictos, deslegitimando la solución política que busca transformar las instituciones para buscar nuevos entendimientos que detengan las violencias cruzadas, generando una nueva convivencia. Lejos de ello, la imposición del estado de excepción reivindica la función básica del Estado de monopolización de la fuerza, derrotando con violencia a cualquier amenaza a ella, en completo desmedro de su otra función, también básica, de solucionar efectivamente los conflictos que pueden socavar la gobernanza de la sociedad.
Como hemos visto en los recientes comicios, la estrategia del estado de excepción es un emblema de quienes se oponen al proceso constituyente, de quienes no desean ni permitirán cambios institucionales que incorporen el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios. Quienes buscan el estado de excepción quisieran acabar con la Convención Constitucional o al menos evitar sus resultados, retrotrayendo al país a una situación previa al estallido, o incluso más atrás, cuando proponen desahuciar el Convenio 169 o eliminar instituciones estatales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o la CONADI.
Claramente, ese camino desechará cualquier estrategia política de intervención, cualquier intento de llamar a un diálogo, de construir un plan efectivo de diálogo que convoque a todos los actores del Wallmapu a establecer una nueva forma de convivencia. Lo único que producirá es lo que ya sabemos que ocurrirá: el recrudecimiento y expansión del conflicto.
Ningún diálogo descartará prevenir y perseguir los delitos y actos de violencia que se cometan, pero dotará al Estado de una legitimidad y eficacia de la cual carece en la actualidad para contener las violencias. Establecerá nuevas bases de convivencia, demarcará con claridad lo que es legítimo de lo que no lo es, y equilibrará de una manera pacífica a los que han sido partes en el conflicto para transformarlos en copartícipes en la ciudadanía. Esto no es nada fácil ni inmediato, pero es lo único que permite a la larga resolver los conflictos.
La vía del estado de excepción, a la luz de los resultados y de los objetivos de quienes la sostienen, solo resultará en expandir, intensificar y alimentar los conflictos.
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