En las últimas tres décadas, Chile ha sido considerado como uno de los países más seguros y menos violentos de América Latina. Sin embargo, los índices de inseguridad se han disparado en los últimos años, especialmente tras la pandemia del Covid-19. Según el último informe de Insight Crime publicado en febrero de 2023, en Chile la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumentó de 3,6 a 4,6 en 2022, lo que implicó un incremento del 28% en comparación con el año anterior. Esto ubica a Chile como el tercer país con mayor crecimiento en la región, detrás de Ecuador (85%) y Uruguay (32%). Aunque la tasa de homicidios de Chile viene en relativo aumento desde 2015 y se mantiene baja en términos comparados, el gobierno de Gabriel Boric ha reconocido que el país se enfrenta a su “peor período de inseguridad desde el retorno de la democracia”.

El repunte reciente de los crímenes violentos en Chile resulta llamativo porque desafía las explicaciones habitualmente sugeridas por los expertos en la materia. Estudios previos sobre este tipo de violencia en América Latina han afirmado que factores estructurales como la capacidad del Estado y la naturaleza del régimen político a menudo condicionan la expansión de las organizaciones criminales. De este modo, se espera que los países con mayor provisión de bienes públicos e instituciones democráticas más fuertes estén mejor preparados para prevenir conductas de captura y prácticas de impunidad por parte de grupos ilegales. No obstante, las crecientes tasas de homicidio observadas no solo en Chile, sino también en Uruguay y Costa Rica −países históricamente reconocidos por mantener altos estándares en capacidad estatal y democracia− han puesto de manifiesto las limitaciones de esta perspectiva.

Como respuesta, investigaciones recientes han sugerido complementar este análisis estructuralista adicionando factores coyunturales, como la trayectoria de los actores criminales, los recursos que disponen y las condiciones de contexto en las que se desenvuelven. La manera en que estos factores interactúen, afirman los politólogos Andreas Feldmann y Juan Pablo Luna, puede dar luces sobre los cambios en las dinámicas de poder entre las organizaciones criminales y el Estado.

Al combinar ambas perspectivas de análisis, tres factores pueden explicar el aumento de la violencia criminal en Chile. El primero es la expansión de los mercados ilegales. A partir de los disturbios y saqueos masivos de octubre y noviembre de 2019, las fuerzas policiales fueron visiblemente sobrepasadas a la hora de controlar el orden público en los sectores periféricos de las grandes ciudades del país. Posteriormente, durante los primeros meses de encierro producto de la pandemia del Covid-19, las instituciones estatales fallaron en entregar un apoyo económico oportuno y sustantivo en los sectores más vulnerables. Como resultado de este doble repliegue estatal, las organizaciones criminales fortalecieron su control en ciertos barrios. Esto ocurrió a través de tres mecanismos: el fortalecimiento de sus redes clientelares, la extorsión de negocios legales y la provisión de bienes esenciales a quienes más los necesitaban. Reciente evidencia etnográfica también ha demostrado que estos grupos se expandieron territorialmente, lo que derivó en mayores oportunidades de enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en 2022, el robo con violencia de vehículos en la vía pública, el tráfico de drogas sintéticas o el robo y comercialización de cobre se convirtieron en negocios altamente lucrativos. Este aumento significativo en los ingresos permitió a los grupos criminales ampliar el reclutamiento de individuos y tener mayor acceso al tráfico de armas. El resultado de este proceso ha sido un incremento visible de los delitos violentos y homicidios, siguiendo una tendencia similar a otros países en América Latina.

Un segundo factor es la deslegitimación de la policía. Entre 2017 y 2022, la confianza de los chilenos en Carabineros y la Policía de Investigaciones se desplomó producto de escándalos de corrupción en los altos mandos y abusos a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Este descrédito impactó el trabajo comunitario de la policía, provocando la pérdida de presencia e influencia en los barrios urbanos más pobres. Como han demostrado estudios recientes de las sociólogas Alejandra Luneke, Lucía Dammert y Liza Zuñiga, este vínculo en el territorio resulta fundamental para levantar información oportuna en las estrategias de prevención y persecución de los delitos. Esta grave deslegitimación policial también habría hecho a ciertos funcionarios más susceptibles a la captura criminal, al ofrecer fuentes de ingresos alternativas y más lucrativas. Si bien las investigaciones académicas en Chile sobre la colusión entre policías y delincuentes son limitadas, redes ilegales similares han sido ampliamente documentadas en Argentina y Brasil, lo que confirma la plausibilidad de esta hipótesis. Por último, los abusos a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales durante las protestas de 2019 llevaron a las autoridades chilenas a exigir restricciones más estrictas en los protocolos de uso de la fuerza. En palabras del propio General de Carabineros Ricardo Yáñez en marzo de 2023, estas exigencias terminaron por limitar las acciones policiales contra la delincuencia debido al temor a sanciones legales por parte de los funcionarios.

Un tercer factor para explicar el auge criminal en Chile es la llegada de organizaciones criminales transnacionales. En medio de la crisis migratoria en América Latina durante la década anterior, producto principalmente por la deriva autoritaria en Venezuela, los flujos de inmigración no autorizada en Chile aumentaron de manera significativa. Cifras gubernamentales indican que estos casos pasaron de 16.650 entre 2013 y 2017 a 127.000 entre 2018 y 2022. En este contexto, la PDI ha confirmado que entre los nuevos inmigrantes indocumentados se cuentan individuos con amplio prontuario policial, algunos de ellos miembros de bandas crminales. Su lugar de destino han sido principalmente zonas urbanas de Santiago y el norte grande de Chile. Uno de los casos más críticos se ha reportado en la ciudad de Iquique, donde un alto número de delitos violentos se han atribuido a miembros del Tren de Aragua, la mayor banda criminal de Venezuela. Buscando el control territorial, esta y otras bandas han entablado sangrientos enfrentamientos con organizaciones locales. De forma similar a la dinámica observada en México y Colombia, esta competencia criminal ha dado lugar a disputas más mortíferas, desplegando tácticas con un nivel de violencia poco habituales en Chile, tales como la extorsión, las ejecuciones a sangre fría y el secuestro.

Al momento de asumir en La Moneda en marzo de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric carecía de un plan estratégico y un diagnóstico común contra la violencia criminal. El tema no había sido una prioridad durante su campaña presidencial ni todavía concitaba la atención total de los medios. Sin embargo, un aumento explosivo de robos violentos y homicidios a solo dos meses de asumir llevaron al Presidente Boric a convocar a todos los partidos en el Congreso para un acuerdo nacional sobre seguridad. Esta convocatoria marcó un punto de inflexión en el enfoque de su gobierno, ya que pasó de una postura relativamente reactiva a una mucho más disuasiva contra el crimen. En la segunda mitad del año 2022, estos cambios fueron evidentes. Por ejemplo, el gobierno lanzó un plan nacional centrado en confiscar los activos de capital de los cárteles criminales y desmantelar sus redes y logística mediante la coordinación intersectorial entre distintas instituciones del Estado. Además, el Ejecutivo aumentó el presupuesto de seguridad nacional en un 4,4% y promulgó un decreto sin precedentes que autorizaba la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la policía en el control fronterizo en las regiones del norte. Las autoridades del gobierno también modificaron el discurso, adoptando un tono más duro contra el crimen, siendo el Presidente Boric el ejemplo más sugerente. En octubre de 2022, aseguró que su administración actuaría como «perros en la persecución de la delincuencia» y lanzó una advertencia a los extranjeros para que regularizaran su situación migratoria o bien abandonaran el país.

Aunque estas medidas tomarán tiempo para ser evaluadas en su efectividad, la preocupación de los ciudadanos ante la inseguridad sigue en aumento. Según la Fundación Paz Ciudadana, la percepción de temor al delito alcanzó un 28% en 2022, creciendo casi ocho puntos en comparación al año previo y siendo la tasa más alta en 22 años. Paradójicamente, este aumento del temor no está correlacionado con un crecimiento en las tasas de victimización. Según la misma encuesta, sólo el 32% de las personas declaró haber sido víctima de robo en los últimos seis meses, un cambio que no fue estadísticamente significativo respecto a 2021. Además, esta cifra se ubica entre las tasas más bajas de las últimas dos décadas. La diferencia entre ambos indicadores sugiere que las nuevas dinámicas de violencia criminal, y su amplia cobertura en los medios, han tenido un impacto relevante en el temor de los chilenos.

El aumento de la delincuencia en Chile ha sido un proceso acumulativo durante la última década. Sin embargo, la mayor percepción de inseguridad ha impulsado en tiempos recientes a la mayoría de los chilenos a exigir medidas más represivas para el combate del crimen. Por ejemplo, el apoyo a valores como el orden público y la seguridad por sobre las libertades públicas y privadas ha aumentado de 41% a 68% entre 2019 y 2022, mientras que el porcentaje de personas que apoya el uso de armas de fuego contra la delincuencia ha llegado un 95%, un aumento de 46 puntos durante el mismo período. Esta preocupante tendencia parece consolidarse en el corto plazo, sobre todo si se considera que el 67% de los chilenos tiene una visión negativa a futuro sobre el control de la delincuencia (Encuesta Panel Ciudadano UDD 2023).

Los tendencia creciente de homicidios en Chile es motivo de preocupación. Como demuestran los estudios de los académicos Kees Koonings y Dirk Kruijt, la combinación de un creciente pesimismo entre los ciudadanos, la expansión de la violencia criminal y la grave desconfianza en las instituciones políticas ha tenido efectos corrosivos en las democracias de América Latina. Cuando las instituciones se perciben constantemente como ineficaces frente a urgencias sociales de las personas, como la seguridad pública, se favorece el terreno para el crecimiento de sentimientos autoritarios y populistas. Una confirmación preocupante de esta tendencia en Chile son las cifras entregadas por el Centro de Estudios Públicos en diciembre de 2022, donde el apoyo a la democracia cayó un 12% solo en catorce meses. Si bien el país sigue gozando de buena salud democrática según distintos indicadores internacionales, los cimientos de esta legitimidad parecen estar lentamente erosionándose.

Lee la columna en La Segunda.

Sazo – Explicando el auge criminal