Su pieza central es un nuevo estado de excepción de seguridad pública. El Presidente podrá decretarlo ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública o cuando esta esté gravemente afectada, y definir las zonas donde regirá. En los regiones, también barrios o sectores. Durará hasta 120 días, prorrogables por otros 120 por decisión presidencial; solo las extensiones posteriores requerirán acuerdo del Congreso. Permitiría restringir la libertad personal, de locomoción y reunión, interceptar comunicaciones y requisar bienes. Un oficial general quedaría al mando de las zonas, sin precisarse si de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. La reforma consagra además el deber, que la Constitución ya contiene, son las facultades.
La seguridad es una demanda legítima y urgente. El crimen organizado controla territorios mediante la violencia, corrompe instituciones y opera desde las cárceles. Un Estado incapaz de proteger a su población pierde legitimidad. Reconocerlo no obliga a renunciar al examen democrático de los instrumentos con que se lo enfrenta.
Chile no comienza desde cero. El estado de excepción en la Macrozona Sur rige desde mayo de 2022 y el Congreso acaba de prorrogarlo una vez más. En la frontera norte se mantiene un despliegue militar permanente. Varias son anteriores a la ACOT y tuvieron apoyo transversal, pero hoy coexisten: el nuevo estado de excepción se sumaría a ellas.
Una excepción no se vuelve sistema únicamente porque dure demasiado. También se normaliza cuando sus facultades de vigilancia, control y coerción se incorporan a leyes, presupuestos, protocolos e infraestructura. Una vez integradas, tienden a permanecer aunque cambie o desaparezca la situación que las justificó. Lo extraordinario deja de ser una interrupción y pasa a organizar lo ordinario.
No toda ampliación del poder estatal es antidemocrática. Importan su alcance, quién lo controla y las condiciones para retirarlo. Importa sobre todo cómo terminan las medidas de emergencia y qué evidencia justifica renovarlas. Una facultad extraordinaria puede tener fecha de inicio y no tener fecha de término.
Mientras el Congreso renovaba una excepción vigente desde hace más de cuatro años, comenzaba a discutir otra que podría extenderse hasta 240 días sin autorización parlamentaria.
Nuestro sistema político tiene dificultades para ver el efecto acumulado: el Congreso, los tribunales y los informes oficiales examinan medidas separadas. Quedan sin evaluar el poder que suman y sobre quiénes recae. No es una objeción de trinchera: los reparos al diseño del nuevo estado de excepción han surgido tanto en el oficialismo como en la oposición. La cuestión democrática no es solo cuánto poder se entrega al Estado, sino quién decide cuándo se aplica, cómo se controla y cuándo termina. Una excepción no es acotada porque así se la denomine, sino porque sus límites son claros, verificables y efectivos.
La democracia no pide un Estado débil, sino uno que use su fuerza con eficacia y responsabilidad. Una facultad puede ser general en el derecho y selectiva en el ejercicio. Por eso importa saber qué territorios soportan la presencia coercitiva más intensa y qué posibilidades reales hay de reclamar ante un abuso.
Si la presencia territorial del crimen organizado es la causal, una herramienta temporal siempre encontrará razones para renovarse o desplazarse. Chile necesita una política de seguridad capaz de sostenerse en el tiempo, no una emergencia permanente.
Una democracia se debilita cuando el crimen restringe las libertades y vuelve inhabitable la vida cotidiana. También cuando el Estado recupera el control mediante facultades cuyo alcance deja de explicar, evaluar y limitar. Exigir protección frente a ambas amenazas es estar a favor democrático que una política de seguridad eficaz debe cumplir.
