La idea de una “guerra” contra el narcotráfico supone creer que si ampliamos el aparato de seguridad del Estado se reducirán automáticamente tanto la economía ilegal como la violencia vinculada a ella. La evidencia comparada, sin embargo, muestra que esto no ocurre. Un factor que suele intervenir, y que se considera poco en los análisis, es el de los intereses electorales de los agentes políticos. Latinoamérica muestra varios ejemplos de cómo esos intereses se superponen al objetivo de reducir el crimen y mejorar la situación de seguridad de la ciudadanía. Esto es particularmente problemático en contextos de alta polarización partidaria y/o donde la corrupción ha permeado las instituciones políticas, judiciales y de orden público. En México, por ejemplo, incluso el despliegue de la fuerza militar contra los actores criminales fue afectado por cálculos electorales, lo que contribuyó a empeorar la seguridad de ese país.

Si bien Chile aún está muy lejos del caso mexicano, hay investigaciones que demuestran que los intereses políticos también afectan nuestra seguridad pública. Por supuesto, la escala es distinta y ocurre través de otros mecanismos.

ALINEAMIENTO POLÍTICO Y CRIMEN EN CHILE

En Chile, el crimen contra la propiedad ha sido históricamente el delito de mayor ocurrencia. Sin embargo, no se produce en todas las comunas con la misma frecuencia. Un estudio reciente sobre el alineamiento político y su impacto en el crimen encontró que las comunas cuyos alcaldes y alcaldesas pertenecen a la coalición que controla el Ejecutivo -es decir, son aliados del Presidente- experimentan menos hurtos, robos y robos por sorpresa, es decir menos crímenes contra la propiedad en el espacio público.

El estudio cubrió el periodo entre 2005 y 2016, es decir, incluyó el último año del gobierno de Ricardo Lagos (2005), el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y dos años del segundo gobierno de Bachelet. Independientemente de qué coalición estuviera al mando, invariablemente se observaron menos delitos contra la propiedad en el espacio público en los municipios que estaban alineados políticamente con el gobierno central.

¿Por qué ocurrió eso?

La investigación sugiere que durante el periodo estudiado los aliados políticos recibieron más recursos para el mejoramiento del espacio público, principalmente a través del Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa de Mejoramiento de Barrios. Al instalar luminarias, áreas verdes, mejorar fachadas y veredas, y perfeccionar la infraestructura pública en general, estos programas redujeron los factores ambientales que facilitan el crimen.


“Latinoamérica muestra varios ejemplos de cómo los intereses electorales se superponen al objetivo de reducir el crimen y mejorar la situación de seguridad de la ciudadanía.”


Estos hallazgos son coherentes con lo que propone la literatura sobre prevención situacional del crimen, la que enfatiza que, al aumentar la visibilidad y uso de los espacios públicos y la percepción de presencia estatal, se reducen ciertos tipos de crímenes pues se incrementa la probabilidad de ser descubierto y detenido (Welsh and Farrington 2009; Lab 2014). El estudio también encuentra que los delitos de propiedad que no ocurren en el espacio público, como los robos a casas, no se ven afectados por el alineamiento político. Esto, porque las mejoras en la infraestructura pública no tienen los mismos efectos sobre la propiedad privada.

El hecho de que estas intervenciones financiadas por proyectos concursables beneficien más a municipios aliados con el ejecutivo, muestra que las consideraciones electorales pueden primar por sobre las necesidades locales y el combate contra la delincuencia.

Este fenómeno ¿influye en crímenes como homicidios, violación o lesiones?  No. El alineamiento político no tiene un efecto en estos crímenes porque, a diferencia de delitos contra la propiedad, la violencia contra las personas no necesariamente ocurre en el espacio público y no está siempre motivada por razones económicas, lo que implica que esta no depende completamente de que la infraestructura pública reduzca –o no– la oportunidad para cometer un crimen.

Por otro lado, el alineamiento partidario parece tener un mayor efecto sobre los crímenes violentos cuando las estructuras políticas -léase presidentes, gobernadores o alcaldes- dirigen la fuerza policial y, por lo tanto, pueden usarla para sus estrategias. México es un ejemplo de esto, como se verá en detalle en el siguiente subtítulo. Dado el control que tenían las autoridades políticas sobre la fuerza de seguridad del estado mexicano, estas pudieron usarla para proteger a los partidarios y desproteger a los opositores. Al mismo tiempo, las bandas tuvieron incentivos para corromper a esas autoridades pues así conseguían protección para sus operaciones.

En Chile, por el contrario, las autoridades locales no tienen facultades sobre la policía. La estructura centralizada y la autonomía de esta, impide que puedan ser destinadas a proteger a unos y desproteger a otros. De hecho, pese a que en encuestas de opinión pública se considera que el crimen es de los temas más importantes que los ejecutivos locales debiesen resolver (Centro de Estudios Públicos 2016), la realidad es que estos no cuentan con muchas herramientas para hacerlo. Esto hace que las bandas que operan en Chile eventualmente tengan menos interés en corromper a funcionarios subnacionales pues estos no controlan a la policía y/o a las autoridades judiciales.

MÉXICO: COMPETENCIA ELECTORAL Y ALINEAMIENTO POLÍTICO

El caso de México es completamente diferente al chileno. El control político sobre la policía es mayor y, como se dijo, el conflicto partidario ha contribuido a la desprotección de las zonas gobernadas por adversarios políticos. A su vez, esto ha hecho que las autoridades subnacionales se vuelvan actores de interés para el crimen organizado que busca protección a través de acuerdos corruptos. Por todo lo anterior, México es un buen ejemplo para entender cómo las variables políticas pueden empeorar la situación de la seguridad.


“En México, dado el control que las autoridades políticas tenían sobre la fuerza de seguridad del Estado, pudieron usarlas para proteger a los partidarios y desproteger a los opositores.”


Partamos señalando que la economía ilegal vinculada al narcotráfico en México ha evolucionado y se ha complejizado en los últimos 60 años. Mientras en los 60s y 70s, clanes familiares y caciques locales controlaban el tráfico de marihuana a Estados Unidos, el aumento del consumo de cocaína en los 80s y 90s llevó a que estos clanes se reorganizaran en carteles poderosos. En los años 2000 los carteles sumaron a su negocio el tráfico de heroína y la producción de amapola. Sorprendentemente, estas organizaciones coexistieron pacíficamente durante décadas. Recién en los 90s comenzaron a enfrentarse entre ellas, disputando el control de rutas y territorio, y llevando a un aumento de la violencia homicida (Trejo y Ley 2020).

Entre 1992 y 2007, sin embargo, México estaba logrando un descenso gradual en los homicidios. Pero ese año el presidente Felipe Calderón, militante del Partido Acción Nacional (PAN), declaró la guerra a los carteles de droga y la violencia vinculada al narcotráfico experimentó un aumento exponencial. De los 8 homicidios por cada 100.000 habitantes que registraba en 2007 (nivel similar al que tiene Chile hoy y que es de 6,3), México saltó a 23,5 homicidios cada 100.000 habitantes cuatro años más tarde (INEGI 2019). Los niveles más altos de muertes se registraron entre 2018 y 2020, con 29 homicidios por cada 100.000 habitantes (INEGI 2023).

Este aumento sostenido de la violencia se ha vinculado directamente a variables políticas, en particular al proceso de democratización que vivió México desde fines de los 80s. Este proceso llevó a un debilitamiento de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país ininterrumpidamente por aproximadamente setenta años. Durante el período en el que el PRI fue el actor dominante, políticos y criminales establecieron acuerdos corruptos, los que consistían básicamente en que se les permitía a los carteles traficar cocaína a Estados Unidos, mientras estos no fuesen abiertamente violentos y no vendiesen cocaína domésticamente (Ríos 2015). Estos acuerdos eran exitosos porque el PRI, al controlar el aparato estatal y la mayoría de los gobiernos subnacionales, podía creíblemente aplicar la ley o, por el contrario, decidir no hacerlo. El quiebre de la hegemonía del PRI, junto con una serie de reformas que descentralizaron la procuraduría, hizo que el partido de gobierno ya no pudiese ofrecer ese mismo nivel de control de los aparatos de orden público y justicia, debilitando así los acuerdos corruptos. Como consecuencia, las organizaciones criminales debieron buscar protección a través de otras vías, recurriendo a la formación de grupos paramilitares, los que contribuyeron a aumentar la violencia vinculada al narcotráfico. En este contexto, las organizaciones criminales utilizaron la violencia tanto para defender sus territorios de competidores como para repeler a las fuerzas del estado (Snyder y Durán-Martínez 2009).

La violencia homicida en México está asociada, entonces, con la competencia electoral que caracteriza la democratización (Villarreal 2002). El argumento es que el incremento de la competencia partidaria redujo el alineamiento político, es decir, las autoridades electas nacionales y subnacionales dejaron de pertenecer al mismo partido o coalición, en los distintos niveles administrativos (federal, estatal y municipal), debilitando los acuerdos corruptos entre políticos y narcotraficantes que habían mantenido la seguridad durante las décadas de gobierno del PRI. Este desalineamiento entre los distintos niveles hizo también más difícil la coordinación para combatir el narcotráfico.

El segundo mecanismo que propone la literatura sobre violencia y alineamiento político es justamente el de la coordinación. Esencialmente, este argumento indica que el alineamiento político facilita la coordinación entre las autoridades políticas de distintos niveles de gobierno dado que comparten ideologías e incentivos electorales y, por lo tanto, desarrollan estrategias de control del orden público consistentes. A su vez, la coordinación mejora la eficiencia operacional y logística en el combate contra el narcotráfico, reduciendo la probabilidad de que los criminales escapen a la ley (Ríos 2015; Durán-Martínez 2018). Debido a que los carteles temen que el Estado pueda responder efectivamente, el alineamiento vertical no solo reduce la ocurrencia de homicidios, sino que también afecta su visibilidad, esto es, la decisión de los criminales de exponer y atribuirse la comisión de asesinatos. Es por eso que la emergencia de la oposición política en México fue aparejada con una mayor visibilidad de los homicidios vinculados al narcotráfico (Durán-Martínez 2018).

Por último, el alineamiento político horizontal, es decir, que municipios contiguos estén gobernados por el mismo partido político, también facilita la coordinación para controlar el crimen. Estudios al respecto han mostrado una reducción en las tasas de homicidio en municipios alineados en México debido a que sus gobernantes coordinan esfuerzos y comparten información (Durante y Gutiérrez 2015).

Si bien México es el caso paradigmático en el que se ha investigado la relación entre variables políticas y violencia criminal, estudios sobre otros países han llegado a conclusiones similares. Por ejemplo, análisis sobre la criminalidad en municipios brasileños muestran que el alineamiento político con el Estado reduce la violencia debido a que las autoridades políticas de ambos niveles coordinan esfuerzos para reducir el crimen (Hoelscher 2015). Por su parte, estudios sobre piratas en Indonesia confirman que estos aumentan sus actividades criminales previo a elecciones competitivas debido a que anticipan que una posible alternancia en el poder puede debilitar los acuerdos corruptos con los incumbentes (Daxecker y Prins 2016).

CONFLICTO POLÍTICO Y LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El conflicto partidario es otra variable política que afecta la provisión de seguridad pública. Los estudios muestran que lo que se ve afectado en casos donde el conflicto partidario es intenso no es la capacidad del Estado para actuar, sino la voluntad de las autoridades políticas para coordinar esfuerzos y así reducir la violencia.

Esto queda en evidencia en el caso mexicano con el conflicto que surge de la reñida elección presidencial de 2006, donde Felipe Calderón venció por un margen muy estrecho al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien públicamente desconoció los resultados y decidió formar un gobierno “en las sombras”.

Trejo y Ley (2015) argumentan que el conflicto político llevó a Calderón a privilegiar a los gobiernos subnacionales gobernados por sus aliados. En estos municipios, el gobierno federal protegió a los alcaldes, se removieron funcionarios corruptos sin exponerlos públicamente, se compartió información de inteligencia, se mejoró la provisión de bienes y servicios públicos. Esta coordinación entre niveles contribuyó a debilitar a los carteles y reducir la violencia, al mismo tiempo que entregaba el crédito político de estas acciones al partido de gobierno.

Por el contrario, en los gobiernos locales opositores, aliados al PRI y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de López Obrador, la estrategia fue muy diferente. Esto llevó a que dichos lugares experimentaran mayores niveles de violencia, particularmente donde gobernaba el PRD, debido al conflicto partidario con el centro. Allí, el gobierno de Calderón no coordinó esfuerzos militares con los gobiernos locales, con el fin de poder culparlos por las altas tasas de violencia en sus jurisdicciones. Por otra parte, intervino en esos territorios, pero sin compartir información con el nivel local, lo que desprotegió a los alcaldes y gobernadores opositores. Además, se enjuició y expuso públicamente a funcionarios de estos partidos que hubiesen cometido actos de corrupción, aún sin procesos judiciales y pruebas sólidas y, por último, no se invirtió en bienes y servicios sociales (Trejo y Ley 2015).

POLÍTICA, CRIMEN Y TERRITORIO

El caso de México y, en menor medida el de Chile, muestran que variables como el alineamiento político o la competencia partidaria son relevantes a la hora de entender las variaciones subnacionales en los patrones de violencia criminal y las estrategias utilizadas para enfrentarla. En específico, estas investigaciones ayudan a entender que, en muchos casos, no es necesariamente la falta de capacidad estatal la que explica el fracaso en abordar situaciones de violencia, sino que los incentivos electorales hacen que las autoridades opten por privilegiar a áreas gobernadas por su copartidarios con el fin de mejorar su capital político y reducir el de sus contrincantes. Esto contribuye, entre otros factores, a profundizar la heterogeneidad territorial en términos de seguridad.

Por otro lado, estos estudios alertan sobre problemas de base que deben ser abordados antes de embarcarse en cualquier reforma estructural de las instituciones encargadas del orden público o desarrollar intervenciones para controlar e, idealmente, reducir la criminalidad. Aunque los casos de Chile y México difieran en las dinámicas políticas y criminales que operan a lo largo de sus territorios, es posible identificar puntos clave que pueden afectar cómo se aborda la violencia. Por ejemplo, si los acuerdos corruptos ocurren al nivel de autoridades locales, medidas descentralizadoras que les entreguen a estas un mayor control sobre las fuerzas de orden público pueden aumentar su atractivo para las bandas criminales. En Chile, por ejemplo, las autoridades subnacionales no tienen el control sobre la policía que presentan sus contrapartes mexicanas, lo que puede contribuir a explicar por qué en este último las variables políticas afectan la violencia homicida tan significativamente. Esto implica evaluar cuánto control político se debe tener sobre las policías, particularmente en países con altos niveles de corrupción y polarización política. Por otro lado, aumentar el aparto policial en contextos de alta corrupción, puede, a su vez, incrementar las posibilidades que los criminales tienen para establecer estos pactos.

Por último, alta discreción en la asignación de recursos por parte del gobierno central puede conducir a una mayor desigualdad territorial en cuanto al acceso a seguridad y a privilegiar ciertas áreas por razones políticas y no por necesidad. En este sentido, las lecciones de México y de Chile, aunque en distintas escalas, muestran los efectos nocivos que la polarización política y cálculos electorales pueden tener sobre las medidas contra el crimen. En muchas ocasiones, entonces, el asunto crucial para abordar la criminalidad no es si se necesita más Estado, sino qué tipo de Estado es el mejor para hacer frente a los desafíos de seguridad.