De izquierda a derecha: José Manuel Fernández, Pablo Marshall, Pilar Ortiz, Constanza Valdés, Claudia Ancapán y Herminda González.
En la mesa “Cuerpos Otros y violencia estructural” se abordó, como señaló Pilar Ortiz, investigadora postdoctoral de VioDemos, cómo operan los estigmas asociados a distintos tipos de opresión y cómo ciertas normas construidas socialmente tienen consecuencias muy concretas y materiales en la vida de las personas. La investigadora también destacó la importancia de que puedan hablar quienes encarnan estas violencias.

Tras las presentaciones, la investigadora reflexionó sobre la discusión entre redistribución y reconocimiento. “¿Qué necesitamos, políticas redistributivas, tales como asegurar cupos de trabajo a personas Trans o políticas de reconocimiento? La distribución sin reconocimiento no sirve de mucho, porque las trabajadoras sexuales, por ejemplo, no pueden acceder a jubilaciones o ningún tipo de seguridad social debido a que su trabajo no es reconocido por el Estado. Por otro lado, el reconocimiento es necesario para asegurar una vida digna y libre de violencia, empujando un cambio cultural hacia una sociedad radicalmente inclusiva.

Herminda González, vocera de Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer,  organización creada en 1998 para promover y defender los Derechos Humanos y laborales de las trabajadoras sexuales en Chile, se refirió a los mitos y prejuicios frente al trabajo sexual y quienes lo ejercen. En general se nos ve como “putas pobres y analfabetas que trabajan en prostíbulos de mala muerte, como personas que no teníamos nada más que hacer, que no tenemos familia y que necesitamos ser salvadas”.

Y precisó que “la violencia que más viven las trabajadoras sexuales tiene que ver con la falta de condiciones apropiadas para ejercer este trabajo y la falta de regulación que permite los abusos en distintas instituciones como policías, iglesias, escuelas, hospitales y medios de comunicación”.

La dirigenta hizo hincapié en la importancia de la regulación del  trabajo sexual, “porque se trata de un trabajo realizado por decisión propia por mujeres mayores de edad que necesitan garantías para ejercer su derecho al trabajo y no discriminación”.

Claudia Ancapán, matrona, vocera de #SaludTransparaChile y de la organización LGBTIQAN+ de Recoleta «Recoqueer», se refirió a la importancia de las políticas públicas y su impacto en la vida de las personas, resultando clave “conocer primero para quienes y por quienes están hechas o se harán”. Al respecto señaló que “el Estado puede generar violencia por omisión, por no conocer a la comunidad y por ello tenemos que luchar contra los desconocimientos, intolerancias y prejuicios”.

Claudia Ancapán hizo un recorrido por la lucha histórica para visibilizar a la comunidad LGBTIQAN+  en nuestro país, recordando la presencia de la población trans en Plaza de Armas de Santiago y a Marcia Torres, mujer Trans, que en 1974 apareció en reportaje TVN, entre otros hitos de visibilización.

La vocera de #SaludTransparaChile señaló que la población LGBTIQAN+ sufre discriminación por instituciones estatales, no solo en Chile, sino a nivel mundial, y nombró la patologización de las identidades y disidencias como una de las principales violencias que se ejercen contra las personas Trans.

Constanza Valdés, Consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos y autora del libro “¿Un cuerpo equivocado? Identidad de género, derechos y caminos de transición” (La Pollera, 2021) se refirió a los crímenes que se cometen contra las personas Trans y de la importancia de las transformaciones culturales más allá de leyes que puedan perseguir de manera más eficiente estos delitos.

“¿Qué sucede si a través de las leyes penales o reformas legislativas no abordan la prevención o las campañas públicas? Ahí el problema es que al establecer más sanciones o tipificar más delitos no estamos abordando las conductas y patrones que se repiten a lo largo de los años”, explicó Constanza Valdés.

Al tiempo que destacó que, respecto a los crímenes de odio, desde los primeros casos que se conocen en Chile se han ido repitiendo características que buscan anular la identidad de la persona incluso al momento de su muerte. “Esta repetición se da en el contexto de patrones culturales que nos hacen ver que no es solo una cuestión entre dos personas, sino un problema eminentemente cultural que debe abordarse en distintos niveles y espacios. En ese sentido es bien importante tener en consideración cómo la violencia de género y los prejuicios al compartir ciertas características tienen en común un modelo social: el patriarcado”, precisó.

Pablo Marshall, profesor del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile UACh y Director Alterno del Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía, abordó los derechos de participación política y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la regulación jurídica de la salud mental.

El investigador planteó la interrogante de en qué medida las prácticas que concebimos propias de lo carcelario son también expandidas trasladadas a otras instancias institucionales como el hospital psiquiátrico y otras instancias de privación social.

Al respecto se refirió a las medidas psiquiátricas no consentidas, que son prácticas aplicadas sin consentimiento informado, lo que implica que puedan ser aplicadas contra la voluntad de manera violenta. Entre ellas la internación, medidas de tratamiento, contenciones o  sanciones. Si bien estas son prácticas excepcionales y extremas, para Marshall es importante reflexionar acerca de las condiciones en que se realizan dichas medidas, quien cuenta con el poder para decretarlas y analizarlas desde una perspectiva de derechos humanos.