“Sostenemos que para desescalar el conflicto y la violencia es necesario establecer una nueva relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche basada en la Interculturalidad. Sin embargo, ello no será posible si no se avanza en un proceso de desmilitarizar la institución de Carabineros”.
Así se lee en el artículo “Policía militarizada en Chile: claves para comprender la violencia policial estatal en la relación al conflicto mapuche”, escrito por las investigadoras VioDemos Alejandra Luneke, profesora de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado; Helene Risor, profesora de la Escuela de Antropología UC; y Wladimir Martínez, estudiante de doctorado en Antropología del centro.
Publicado en el Anuario del Conflicto Social, los autores/as abordan una de las aristas en relación a la respuesta del Estado frente al conflicto con el pueblo mapuche: la estructura institucional y el carácter militar de Carabineros.
Al respecto, la literatura internacional señala que en la mayoría de los países existen problemas de violencia policial, y que las reformas al respecto no han sido efectivas o no se han realizado. En realidades tan diferentes como Estados Unidos, Europa, Colombia, México o Chile, el uso excesivo de la fuerza y/o el abuso de autoridad policial ha sido sistematizado y objeto de agendas de política pública en años recientes, situación que ha sido determinante en el vínculo con el pueblo mapuche.
Pero antes de hablar sobre esta problemática, debemos volver a los orígenes de la institución policial en Chile y las causas de su militarización.
Orígenes de la policía en Chile
Carabineros se creó en 1927 a partir del Decreto con Fuerza de Ley N°2.484 que fusionó las Policías Fiscales y Municipales, el Cuerpo de Carabineros del Ejército y las Policías comunales. Con este decreto, todas las tareas policiales se concentraron, siguiendo una racionalidad que suponía que la militarización era la principal estrategia de profesionalización y modernización institucional (Maldonado Prieto, 1990). La policía se definió como una institución militar a cargo de todo el territorio y dependiente del Ministerio de Interior, y en casos especiales del Ministerio de Defensa.
En la década de los 60, Carabineros recibió una fuerte influencia norteamericana a través de la Escuela de las Américas, que preparó en estrategias de contrainsurgencia a los policías en América Latina, incluyendo la especialización de Carabineros en la lucha antisubversiva. Esto se materializó en diversas tácticas militares, creación de comandos antimotines y la adquisición de equipamiento militar.
La militarización se realizó mediante una fuerte orientación represiva cuyo correlato fue el incremento sostenido del presupuesto para compras de equipamientos militares (Águila y Maldonado, 1996). Uno de los resultados de este proceso fue el aumento de violencia policial con resultados de muerte. Esto llevó a Salvador Allende, una vez electo presidente de la República en 1970, a desarmar el comando antisubversivo y desmovilizar estas estrategias.
La dictadura retomó la militarización de la policía y, los esfuerzos de la década de los noventa, una vez recobrada la democracia, no lograron desmilitarizar la institución y tampoco se ha avanzado desde 2000 en adelante, pese a la implementación de diversos planes de modernización institucional que tuvieron un relato centrado en la ciudadanía y la democracia. En 2011 el mando civil sobre las policías fue traspasado desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, pero este cambio no ha dotado de más poder de mando a los civiles, ya que la toma de decisiones es aún de exclusividad del Director General de la institución (Dammert, 2019).
Policía militarizada en Chile
La policía puede ser definida como una organización con una articulación burocrática, que se propone mantener el orden político-social mediante el uso legítimo de la fuerza y que se inspira tanto en la pirámide de las organizaciones militares como en el corte funcional de las administraciones públicas (Manning, 2004). Esta definición general se materializa en las democracias actuales a través de la heterogeneidad de modelos policiales.
Si bien la cultura militar en las policías no es homogénea ni estática, la mayoría de los estudios de formación y entrenamiento muestran que son instituciones donde predomina la jerarquía, la obediencia y estereotipos asociados a la fuerza, a la discriminación, la dominación y el código del silencio (Linhares y Paes-Machado, 2004). Un aspecto que emerge como factor clave en los estudios sociológicos, antropológicos e históricos es la construcción de la masculinidad propia de policías (Ekşi, 2019) la que es reforzada por discursos y creencias generalizadas de lo masculino en la sociedad.
Por otra parte, el campo policial está configurado a partir de una identidad del ser Carabinero, basada en la representación simbólica del héroe policial, cuya labor queda impregnada en la idea de sacrificio y abnegación que es propia de la cultura del ejército y de las fuerzas armadas.
El carabinero concibe su carrera y su función en oposición al otro delincuente, subversivo o terrorista. Las tareas de control, pero también de asistencialismo social se fundan en la idea protección de los vulnerables frente a la acción de los enemigos, que situados dentro de las fronteras del Estado-nación, amenazan la sociedad.
Estos enemigos internos, asumen distintas identidades dependiendo del contexto político y social. Así, si durante la dictadura militar estos enemigos fueron los subversivos, en democracia son los delincuentes, por lo general personificados en jóvenes urbano-populares, migrantes o mapuche (Candina, 2005).
El riesgo de la militarización
La militarización de la policía desdibuja los límites entre la guerra y el resguardo de la ciudadanía, dado que allí se movilizan estrategias y tácticas bajo la idea de ‘enemigo interno’ que amenaza el orden social e institucional (Sozzo, 2016). Además, estas tácticas implican la participación de las policías locales y/o de fuerzas especiales que utilizan tecnología de vigilancia militar avanzada, carros y vehículos militares (Burkhardt y Baker, 2019; Balko, 2013), el hostigamiento (Pita, 2019) y/o el uso intensivo de los controles de identidad en desmedro del patrullaje preventivo orientado a resolver problemas en las comunidades urbanas y rurales (Moule et al., 2019; Lockwood et al., 2018).
Es que, como destaca Brodeur (2004), la ética policial se funda en el hecho que solo ella posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza en una comunidad, y por tanto debe actuar en consonancia con este desequilibrio de fuerzas inicial. Sin embargo, este aspecto no queda del todo bien delimitado en las policías militarizadas, en tanto la lógica de someter al adversario, muchas veces construido como un enemigo, y derrotarlo, no coincide con la auto limitación del uso de la fuerza.
A la luz del análisis realizado, en “Policía militarizada en Chile: claves para comprender la violencia policial estatal en la relación al conflicto mapuche” se propone que, en miras de desescalar el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, y específicamente la violencia contenida en este, es necesario pensar a la policía desmilitarizadamente.
Siguiendo a Fairchild (1984), la desmilitarización debe entenderse como un proceso que se da en el ámbito estratégico y organizativo, en lo normativo y en lo cultural. En este sentido, la estructura jerarquizada fundada en la separación de dos escalafones (oficiales y suboficiales), con procesos separados de reclutamiento, educación, sistemas de ascensos y carreras funcionarias, convierte al sistema policial en un sistema de castas (Sozzo, 2016), en la que, como policías de segunda clase, están destinados a posiciones y tareas subordinadas y constituyen la mayoría del personal policial.
La desmilitarización también apunta a desinstalar un sistema de creencias y significados que construyen la cultura policial que se sitúa adecuadamente dentro de la sociedad actual caracterizada por una ciudadanía cultural y socialmente diversa y donde coexisten distintos pueblos. Se debe, desde esta perspectiva, abandonar los marcos identitarios que configuran al policía como un héroe/mártir marcado por la abnegación, el sacrificio y el altruismo y convertirlo en un funcionario público al servicio de la ciudadanía.
Policía militar y conflicto mapuche
En este sentido, y especialmente para Carabineros, el mapuche ha constituido un sujeto amenazante de la patria, al cual a mediados del siglo XIX tuvieron que replegar y reprimir. Y parece seguir siendo un sujeto peligroso. Durante las últimas décadas Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) han sido responsables de vulnerar la integridad física y psicológica de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños mapuche.
Diversas organizaciones han constatado las consecuencias de las intervenciones policiales en el marco del conflicto Estado chileno-mapuche, entre ellas el Informe sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile (ANIDE, 2012) describe cómo los operativos policiales han dejado múltiples víctimas.
Entre las muertes se cuentan el adolescente mapuche Alex Lemún Saavedra en noviembre de 2002, quien falleció cinco días después de haber recibido un impacto de bala en la cabeza por parte del ex oficial de Carabineros Marco Antonio Treuer, en el marco de la recuperación territorial por parte de grupos mapuche del fundo Santa Elisa en la comuna de Ercilla.
Seis años más tarde, el 3 de enero de 2008 fue asesinado a Matías Catrileo Quezada, joven estudiante mapuche que se encontraba participando en la recuperación del fundo Santa Margarita en la comuna de Vilcún, quien recibe el disparo de una subametralladora UZI a manos del cabo segundo Walter Ramírez. Un año después, en agosto de 2009, es asesinado Jaime Mendoza Collío a manos del cabo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), Miguel Jara Muñoz.
El 14 de noviembre de 2018 el “Comando Jungla” cobra su primera víctima fatal cuando en medio de un procedimiento policial por el presunto robo de un automóvil al interior de la comunidad mapuche Temucuicui, el sargento de Carabineros de Chile, Carlos Alarcón Molina dispara a la espalda al joven mapuche Camilo Catrillanca Marín, quien se encontraba conduciendo un tractor junto al adolescente M.A.C.P. Este último, principal testigo de los hechos señaló haber sido golpeado por funcionarios policiales sin mediar provocaciones.
Interculturalizar la institucionalidad
La interculturalidad se erige como categoría propositiva (Diez, 2004) y a diferencia del multiculturalismo, va más allá de asumir positivamente la diversidad cultural. Más bien, nos insta a generar formas y canales para establecer un diálogo horizontal que permita reconocer las interrelaciones entre grupos diversos y aceptar que el intercambio cultural es un proceso abierto que va generando continuamente nuevas formas de expresión y organización (Risør y Hernández, en prensa).
En esta misma la línea, si las políticas de interculturalidad aquí entendidas como un proyecto social, epistemológico y político que surge del reconocimiento de los efectos de poder y subalternidad que el colonialismo pasado y presente genera (Walsh, 2002, p.119; Diez, 2004), a nuestro parecer dependerá de estructuras institucionales donde puede efectivamente florecer.
Es pues, necesario interculturalizar la institucionalidad y la relación entre la policía y la población (indígena). En este sentido se ve difícil avanzar hacía un desescalamiento de la violencia policial en el contexto del llamado conflicto mapuche sin considerar reformas internas en la institución de carabineros.
Les invitamos a leer el artículo “Policía militarizada en Chile: claves para comprender la violencia policial estatal en la relación al conflicto mapuche” AQUÍ.