El pasado jueves 26 de agosto se realizó la segunda sesión del Ciclo Diálogos VioDemos, espacio organizado por el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, que aspira a desarrollar análisis integral sobre cómo las formas cotidianas y excepcionales de violencia estatal y no estatal afectan las prácticas de ciudadanía y gobernanza en Chile democrático.

“En VioDemos somos un centro que va más allá de la investigación. Nuestro compromiso es facilitar un espacio para la reflexión de las temáticas que trabajamos, con el fin de que sean relevantes para la sociedad. Ese es nuestro espíritu”, comentó Helene Risør, académica de la Escuela de Antropología UC y directora de VioDemos, dando inicio a la jornada. 

En la instancia, moderada por Hugo Rojas, investigador del Instituto VioDemos y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, participaron Antonia Urrejola, actual Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Fabián Salvioli, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Gonzalo Aguilar, profesor de derecho internacional y constitucional de la Universidad de Talca.

Fue un encuentro de casi noventa minutos de diálogo en torno a la reparación integral a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos con un énfasis en estándares internacionales y un fuerte sentido de pertinencia al caso chileno post estallido social,  donde se recalcó la importancia de la reparación como un deber del Estado y como vital para reparar el daño a las personas y a la democracia. 

“Es una labor social que no solo involucra a las víctimas directas, nos convoca a todos y todas: desde nuestras distintas historias, y posiciones, nos invita a imaginarnos como sociedad, con un presente y futuro en conjunto”, explicó Helene Risor.

Antonia Urrejola abrió la conversación compartiendo las contribuciones más importantes del sistema interamericano y planteó algunos aspectos clave como medidas de compensación económica/material y rehabilitación para la víctima, integrando medidas de satisfacción de alcance general, mecanismos en materias de verdad y justicia, y garantías de no repetición. 

“La impunidad promueve la repetición sistemática de violaciones de DDHH y la consecuente indefensión de las víctimas y sus familiares”.

Para la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, no se puede hablar de reparación integral cuando las víctimas no obtienen justicia por las violaciones que han sufrido. “La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son pilares complementarios entre sí, pero cada uno tiene valor propio y no se sobreponen unos a otros”, indicó la abogada.

Por su parte, Fabián Salvioli, Relator Especial de Naciones Unidas,  abogado y profesor en Derechos Humanos, señaló:

“La reparación no es una opción política, sino una obligación de los estados”.

Y agregó: “Las medidas de reparación son obligaciones jurídicas que derivan del deber general de garantía de los DDHH. Los Estados deben reparar las violaciones, deben investigarlas y sancionarlas”.

Si bien para el académico de la Universidad de La Plata el concepto “reparación integral” es difícil de lograr, en gran medida porque los efectos de las violaciones a los derechos humanos afectan a la dignidad inherente de las personas, el reconocimiento de estas violaciones por parte de una institución nacional o internacional es, en sí misma, reparadora para las víctimas.. 

“Desde el diseño de políticas de reparación hasta su implementación, no hay proceso válido si las víctimas no participan activamente y con voz prioritaria. Y a esto se suma el enfoque de género”, sentenció el Relator.

En este sentido, “la Convención Constitucional y la educación juegan un rol clave en los procesos de rehabilitación y de recuperación de la confianza”, señaló Gonzalo Aguilar.

Y agregó que es indudable que el estallido social hizo perder la confianza en las instituciones y entre distintos sectores de la sociedad. “Tengo esperanza en que llevemos a cabo procesos efectivos de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición a través de la Convención Constitucional, porque no lo hemos logrado desde la estructura de gobierno actual, ni del poder ejecutivo, legislativo o judicial”, finalizó el académico de la Universidad de Talca.  

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