La sesión Reparación integral y justicia frente a la violencia policial del ciclo “Diálogos para una Nueva Policía” contó con la moderación del académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Pietro Sferrazza, señaló:
“Elegimos esta temática porque consideramos que se trata de un tema que es necesario abordar desde distintas miradas, en relación a las masivas violaciones a los DDHH que tuvieron lugar en el estallido social, pero también con otras cometidas por agentes de la policía durante el periodo democráctico”.
Nociones esenciales de la reparación integral
Para entrar en el diálogo, una de las primeras interrogantes a resolver es qué entendemos por “reparación integral”. Para Cristián Correa, se traduce en una combinación de elementos que aborda temas de compensación, de rehabilitación, de satisfacción, y del compromiso de no repetición. Una definición que ya se ha discutido desde distintos órganos internacionales y ha adquirido cierta complejidad jurídica, pero cuando hablamos de la esencia, “nos referimos a hacernos cargo de la complejidad de las consecuencias y causas de violaciones a DDHH”.
Correa específica que más allá de los conceptos tradicionales y de la restitución económica, hay que pensar qué hacer con los distintos elementos traumáticos que afectan a la vida de las personas: la interrelación entre los efectos que produce un hecho de tortura, de agresión policial, de pérdida de un familiar, etc. “Esa complejidad de las consecuencias me parece que enriquece el concepto, que no es privatizar ni monetizar el daño”.
Justicia contra el negacionismo: derecho a la verdad colectiva
En la misma línea, Karinna Fernández recalca que unos de los principales problemas en materias de reparación integral es que repetimos muchas afirmaciones como: “la justicia transicional es” o “la reparación integral es”, sin dimensionar su significado. Por lo mismo, la justicia debe recoger una narrativa de reparación y dimensionarla oponiéndose a la idea del negacionismo.
Para la abogada, este es probablemente uno de los mayores obstáculos al momento de establecer la verdad. Aquí la justicia busca visibilizar materias que están invisibilizadas, y por lo mismo debe ser integral y mostrar las particularidades de los casos. Según Fernández, eso es lo valioso que tiene la justicia como forma de reparación: en su aspecto de sanción, es un reflejo o búsqueda continua de la no repetición, y por tanto, de prevención general.
Y señala: “Lo que hace la justicia es restaurar relaciones de poder inequitativas y eso es un elemento reparador, especialmente cuando tenemos casos de crímenes de Estado en situaciones de negacionismo”.
En este sentido, Rodrigo Bustos agrega que para hacer justicia, específicamente en el caso chileno y frente a las graves violaciones a DDHH cometidos durante el estallido social, uno de los mecanismos a los que podemos recurrir son las comisiones de verdad.
“Se suele entender que las comisiones de verdad tienen un sentido respecto de regímenes dictatoriales. Eso ya ha ido cambiando y hay experiencia en el mundo de distinto tipo, no sólo en contextos de represión del Estado. Muchas veces también se ha entendido que deberían reemplazar a lo que hace la justicia y actualmente se ha demostrado que pueden ser perfectamente complementarias”, señala el Director de Amnistía Chile.
Por otra parte, explica que el derecho a la verdad respecto a violaciones a los DDHH se ha entendido como un derecho para las víctimas, sus familias, pero no como un derecho colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo del sistema democrático.
Ahora bien, en el contexto de las graves violaciones a los DDHH cometidas desde el 18-0 de 2019 en adelante, Bustos señala que “por cierto que puede ser una medida pertinente a evaluar, especialmente considerando que el sistema de justicia ha estado muy al debe respecto a investigación y sanción de las violaciones a los DDHH cometidos en ese periodo. Estamos muy lejos de que el sistema de justicia chileno esté realmente contribuyendo a tener una suerte de verdad histórica”.
Política pública: un mecanismo accesible, participativo y de re-dignificación
Cabe preguntarse, entonces, ¿cuáles deberían ser los componentes básicos para diseñar una política pública de reparación?
Para Correa, uno de los aspectos fundamentales es que debe que garantizar la accesibilidad que la litigación no ofrece, es decir, ser accesible a todas las víctimas que estén en una misma circunstancia de gravedad, sin requerir mayores documentos, el dinero, los recursos o la generosidad de un abogado/a que le facilite acceso.
Por otra parte, menciona que una política de este tipo debe tener claridad de cuáles son las consecuencias de estos hechos en el momento y a posterior, es decir, los impactos que siguen viviendo hoy aquellos/as que sufrieron violaciones a DDHH. Y una tercera parte sería ver cuáles son los obstáculos que las distintas víctimas enfrentan para tener una vida normal. “Al final, lo que se espera es que haya una combinación entre efectividad y significado, es decir, que aquello que se promete se cumpla, que sea efectivo, y que tenga significado”, sentencia.
La abogada Karinna Fernández destaca la importancia de la re-dignificación de las víctimas en este proceso de justicia y verdad, uno de los principales obstáculos a los que se ve enfrentada como representante de víctimas del estallido social ante las autoridades estatales que no quieren recibirla. “Retornar la dignidad a las víctimas es algo que no necesariamente se repara desde una respuesta oficial o gran política pública, sino también reuniéndonos con las víctimas y sus familiares”, señala.
Complementando, Bustos confirma que las conquistas en DDHH y el avance en verdad, justicia y reparación no son generalmente favores que concede el Estado, usualmente son el fruto de luchas de años, de las víctimas, de sus familias y de organizaciones. En este sentido, “la participación de la sociedad civil, desde las agrupaciones de familiares de víctimas y con las agrupaciones de defensores/as de DDHH, es clave para que hoy tengamos algo de justicia”.
Por lo tanto, no solo es importante que se entregue una determinada prestación, una indemnización o que se ponga una placa, sino cómo esta reparación se lleva a cabo en una política pública que sea diseñada con las víctimas, sus familiares y la sociedad civil.
El ciclo “Diálogos para una nueva policía” es una iniciativa conjunta de VioDemos, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la misma universidad, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco y el Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello (sede Viña del Mar). Revive el diálogo a través del canal de YouTube de VioDemos.